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Así está regulada la eutanasia en España

No está autorizada, pero la ley reconoce el derecho de los enfermos a rechazar la atención médica y expresar sus deseos en forma de testamento en vida

Imagen alegórica acerca de la eutanasia.

Imagen alegórica acerca de la eutanasia.

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El Periódico

El caso de Ángel Hernández y María José Carrasco -una enferma de esclerosis múltiple en fase terminal fallecida tras ingerir una sustancia letal suministrada por el primero, su marido- vuelve a poner el debate sobre la eutanasia sobre la mesa. 

La situación, parecida a la de José Luis Sampedro, se produce en un momento en el que la pareja llevaba meses esperando a que se aprobara la ley de eutanasia, varada en el Congreso con el adelanto electoral.

Delito según el Código Penal

En España, la eutanasia no está autorizada, pero la ley reconoce el derecho de los enfermos a rechazar la atención médica y expresar sus deseos en forma de testamento en vida. De hecho, tanto la eutanasia como el suicidio asistido se consideran un delito, según el artículo 143.4 del Código Penal.

El rango de penas va de los dos a los diez años de prisión, aunque se prevé una rebaja si hay petición expresa de la víctima y ésta padeciera enfermedad grave.

A falta del acuerdo parlamentario para despenalizar la eutanasia, el Código Penal recoge en su artículo 143 una serie de supuestos para castigar a quien induzca al suicidio de otro o a quien coopere con el mismo.

Así, el que induzca al suicidio será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años y el que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona podrá ser condenado a entre dos y cinco años. Si la cooperación llega "hasta el punto de ejecutar la muerte", esa condena será de seis a diez años de prisión.

Pero en el apartado 4 de ese artículo se establece que en los casos de "petición expresa, seria e inequívoca" de la víctima, si ésta sufriera "una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar", el castigo será con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas. Eso implica, por ejemplo, que si se considera a una persona responsable de cooperar con actos necesarios al suicidio de una persona (castigado con entre dos y cinco años) de cárcel, la pena inferior en uno o dos grados iría de seis meses a dos años de prisión.

Si se establece que esa cooperación llega hasta el punto de ejecutar la muerte, la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados reduciría la condena a una horquilla de entre un año y tres meses y cinco años de cárcel.

Pugna política

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El pasado mes de marzo, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometió a impulsar en la próxima legislatura una ley a favor de la muerte digna si los socialistas asumen la tarea de gobierno tras las elecciones del 28-A.

En la que toca a su fin, el PP y Ciudadanos usaron su mayoría en la Mesa del Congreso para ampliar indefinidamente el plazo de enmiendas, tal y como explica Patricia Martín.

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