Sin comunidad no hay integración, por Loli Rodríguez

La primera obligación que tenemos con los adolescentes y jóvenes migrados solos es, desde la perspectiva de sus derechos como menores de edad, la protección. Los espacios y las oportunidades que les ofrecemos han de ir encaminados a que se hagan efectivos estos derechos y a que ellos, a su vez, cumplan también con sus deberes. De entrada, son las administraciones públicas y la sociedad en conjunto quienes debemos hacer nuestra parte: acogiendo, acompañando y trabajando por la integración y la cohesión social.

El reto es complejo y global. Incluye gestionar necesidades y posiciones diversas, pero en ningún caso puede tolerar actitudes violentas y de rechazo como las que hemos visto en algunos municipios. Son hechos aislados que ocupan en la esfera mediàtica un espacio desproporcionado en relación al trabajo que hacemos día a día y a los resultados positivos que da en la mayoría de los casos, pero son graves y se les ha de prestar la atención que merecen para evitar que se repitan. 

La clave para que la integración sea posible es la comunidad. El municipio, el barrio, el tejido asociativo, los equipamientos públicos de cada población; la ciudadanía, en definitiva. Como sociedad estamos comenzando a ejercitar nuestra capacidad integradora y es una carrera de fondo que requiere inversión en recursos humanos y materiales con visión preventiva y a largo plazo. Justo lo que como sector venimos reclamando desde hace años, en este y en todos los ámbitos de las políticas sociales. Advirtiendo, además, que nos jugamos la cohesión social. No es necesario volver a señalar la urgencia de otorgar a estas políticas la máxima prioridad. Estamos hablando de personas y de derechos.

Todos debemos sentirnos interpelados y cada uno debe asumir su responsabilidad. En primer lugar las administraciones con la legislación, la regulación, la dotación presupuestaria, la sensibilización y el trabajo en red con los diferentes actores. Uno de ellos el mundo empresarial, determinante en términos de empleo y de futuro tanto para estos jóvenes como para la sostenibilidad del sistema. Las entidades sociales apostamos decididamente por las acciones con enfoque comunitario, trabajando desde y con el territorio. Enriqueciendo las comunidades, descubriendo las potencialidades de los jóvenes, deconstruyendo estereotipos, siendo prescriptores de nuestras actividades y experiencias de éxito.

La Convención de los Derechos del Niño obliga a todos los Estados a proteger la infancia y la Observación General núm. 6 (2005) sobre el trato a los menores no acompañados insta a encontrar soluciones y respuestas estables teniendo en cuenta el interés superior del niño. El deseo de justicia global y la sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables deberían contribuir a hacer posible la plena integración a través del acceso a la educación, la tramitación de la documentación y el cuidado de su salud, entre muchos otros aspectos.

Estamos ante un fenómeno estructural y una realidad que ha venido para quedarse. Debemos, por tanto, normalizar los equipamientos y los servicios de atención a los jóvenes migrados solos, e invertir en itinerarios individuales adecuados a la amplia diversidad de perfiles. Mientras tanto, la estrategia de país que el Gobierno hizo pública hace un mes y medio continúa pendiente de desplegar, sin presupuesto ni calendario conocido.