La acogida de los 'menas'

Sin comunidad no hay integración, por Loli Rodríguez

La estrategia de país que se hizo pública hace un mes y medio sigue sin presupuesto ni calendario conocido

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Ambiente tras el ataque al centro de ’menas’ de Castelldefels.

Ambiente tras el ataque al centro de ’menas’ de Castelldefels. / PAU MARTÍ

La primera obligación que tenemos con los adolescentes y jóvenes migrados solos es, desde la perspectiva de sus derechos como menores de edad, la protección. Los espacios y las oportunidades que les ofrecemos han de ir encaminados a que se hagan efectivos estos derechos y a que ellos, a su vez, cumplan también con sus deberes. De entrada, son las administraciones públicas y la sociedad en conjunto quienes debemos hacer nuestra parte: acogiendo, acompañando y trabajando por la integración y la cohesión social.

El reto es complejo y global. Incluye gestionar necesidades y posiciones diversas, pero en ningún caso puede tolerar actitudes violentas y de rechazo como las que hemos visto en algunos municipios. Son hechos aislados que ocupan en la esfera mediàtica un espacio desproporcionado en relación al trabajo que hacemos día a día y a los resultados positivos que da en la mayoría de los casos, pero son graves y se les ha de prestar la atención que merecen para evitar que se repitan. 

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La clave para que la integración sea posible es la comunidad. El municipio, el barrio, el tejido asociativo, los equipamientos públicos de cada población; la ciudadanía, en definitiva. Como sociedad estamos comenzando a ejercitar nuestra capacidad integradora y es una carrera de fondo que requiere inversión en recursos humanos y materiales con visión preventiva y a largo plazo. Justo lo que como sector venimos reclamando desde hace años, en este y en todos los ámbitos de las políticas sociales. Advirtiendo, además, que nos jugamos la cohesión social. No es necesario volver a señalar la urgencia de otorgar a estas políticas la máxima prioridad. Estamos hablando de personas y de derechos.

Todos debemos sentirnos interpelados y cada uno debe asumir su responsabilidad. En primer lugar las administraciones con la legislación, la regulación, la dotación presupuestaria, la sensibilización y el trabajo en red con los diferentes actores. Uno de ellos el mundo empresarial, determinante en términos de empleo y de futuro tanto para estos jóvenes como para la sostenibilidad del sistema. Las entidades sociales apostamos decididamente por las acciones con enfoque comunitario, trabajando desde y con el territorio. Enriqueciendo las comunidades, descubriendo las potencialidades de los jóvenes, deconstruyendo estereotipos, siendo prescriptores de nuestras actividades y experiencias de éxito.

La Convención de los Derechos del Niño obliga a todos los Estados a proteger la infancia y la Observación General núm. 6 (2005) sobre el trato a los menores no acompañados insta a encontrar soluciones y respuestas estables teniendo en cuenta el interés superior del niño. El deseo de justicia global y la sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables deberían contribuir a hacer posible la plena integración a través del acceso a la educación, la tramitación de la documentación y el cuidado de su salud, entre muchos otros aspectos.

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Estamos ante un fenómeno estructural y una realidad que ha venido para quedarse. Debemos, por tanto, normalizar los equipamientos y los servicios de atención a los jóvenes migrados solos, e invertir en itinerarios individuales adecuados a la amplia diversidad de perfiles. Mientras tanto, la estrategia de país que el Gobierno hizo pública hace un mes y medio continúa pendiente de desplegar, sin presupuesto ni calendario conocido.