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Editoriales

La intervención de la SGAE

La medida drástica parece necesaria por el conflicto de intereses y el caos interno que arrastra la entidad

José Ángel Hevia, en el centro, con otros directivos de la SGAE, en diciembre del 2018.

José Ángel Hevia, en el centro, con otros directivos de la SGAE, en diciembre del 2018. / JOSÉ LUIS ROCA

La historia de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) está jalonada de episodios oscuros y de prácticas como mínimo dudosas. La más conocida fue la que provocó la acusación por apropiación indebida de Teddy Bautista en el marco de la operación Saga, un delito que aún está pendiente de resolución judicial. El mismo Bautista se presentó el año pasado para renovar el cargo de presidente, que abandonó en el 2011, pero no entró en la lista de los nuevos componentes de la junta directiva, que eligieron a José Ángel Hevia, sospechoso a su vez de ser uno de los beneficiarios de la llamada 'rueda de la música nocturna', también bajo investigación judicial y epicentro del terremoto que afecta a la entidad de gestión de derechos de autor. Para hacernos una idea del problema, un solo dato: entre el 2006 y el 2011, el 70% de la recaudación generada en televisión se concentraba en músicas emitidas de madrugada, con el 1% de audiencia; en la actualidad, representa el 40%, con cuantiosos beneficios para determinados socios de la SGAE, en una trama urdida con la aquiescencia de editoras de televisión y empleados de cadenas estatales y autonómicas.

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Aclarar las normas de reparto de los derechos y revertir los efectuados en el 2018, llevados a cabo sin ratificación de la asamblea general, reformar los estatutos para acordarlos a la ley de propiedad intelectual y a la normativa europea, e implantar el voto electrónico entre los asociados, son las demandas reiteradas que el Ministerio de Cultura efectuó en septiembre del 2018 con una petición de apercibimiento judicial, desoída por los actuales gestores. Después de dudar entre retirar la licencia a la SGAE o intervenir en ella a través de los juzgados, el ministerio ha optado por esta última medida, solicitada a la Audiencia Nacional para "subsanar o corregir los incumplimientos graves detectados" y para regularizar el funcionamiento institucional con la remoción de los actuales órganos de gobierno y a través de la figura de un gestor interino que clarifique la gestión llevada a cabo hasta ahora. Es una intervención drástica, motivada por "razones de urgencia" que puede topar con la lentitud judicial y con la inminente cita electoral, pero que era imprescindible si tenemos en cuenta el caos de una entidad con múltiples intereses encontrados y que gestiona unos 300 millones de euros anuales.