Taxi y VTC: de la calle al Parlamento

Han transcurrido apenas seis meses desde las últimas protestas del sector y nuevamente los taxistas han tomado la calle. Al igual que el pasado verano, el epicentro de la protesta se sitúa en Barcelona y desde allí se ha ido extendiendo a otras ciudades. El lunes, por ejemplo, el gobierno autonómico de Madrid presentaba a los taxistas unas propuestas que, como en el caso de Catalunya, tampoco fueron bien recibidas. Sin embargo, hay diferencias entre la situación de finales de julio de 2018 y la de enero de 2019. La primera es que la presión ya no se sitúa sobre el gobierno del Estado, y su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sino sobre los gobiernos de las Comunidades autónomas (CCAA).

VTC, en la calle

La segunda diferencia es que ese cambio de actor político se debe a la aprobación, el pasado mes de setiembre, del Decreto-ley 13/2018. Una disposición que modifica radicalmente el marco normativo de las autorizaciones de vehículos de turismo con conductor (VTC) y, entre otras cosas, habilita a las CCAA para regular su ejercicio. De este modo, la regulación mediante ley autonómica se convierte en un elemento necesario e imprescindible para que los Ayuntamientos (el Área Metropolitana, en el caso de Barcelona) puedan dictar sus reglamentos sin temor a una posible suspensión por parte de los Tribunales de lo contencioso-administrativo, tal como sucedió con el Reglamento del AMB sobre VTC aprobado el año pasado. Un tercer elemento de distinción es el rol que ahora han adoptado los conductores de VTC y la patronal del sector.

Si con anterioridad optaron principalmente por la vía de los despachos, los informes jurídicos y la acción comunicativa, en esta ocasión han añadido también la protesta en la calle. Así, mientras los taxistas ocupan principalmente la Gran Via de Barcelona, los vehículos VTC ocupan varios carriles centrales de la Diagonal. Ante este escenario de extendida protesta es lógico que la ciudadanía se interrogue por la situación de ambos actores, llegue a manifestar su disgusto o incluso se polarice en un estado de opinión ya no tan favorable a las demandas de los taxistas como lo fue hace unos meses.

Es una incógnita saber si finalmente se va a aprobar o no el Decreto-ley catalán y qué va a establecer. La propuesta del conseller de Territori, Damià Calvet, inspirada en diversos modelos regulatorios europeos, podría haber sido un buen punto de partida. La protesta inicial seguramente era esperable pero el desencuentro que estamos presenciando entre los responsables políticos de las distintas administraciones y el enconamiento entre taxistas y VTC no hacen presagiar nada bueno y menos la resolución inmediata de una problemática en la que hay diferentes y confrontados intereses. Hace falta más reflexión y, sobre todo, no primar la perspectiva cortoplacista, sino la previsión de futuro del taxi y su convivencia con las VTC. Y ese debate donde tiene que llevarse a cabo es en el Parlamento. Con tanto Decreto-ley parece que nos hayamos olvidado de quién es el legislador ordinario.