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El debate de la seguridad en Barcelona

Restos de consumo de droga en una finca del Raval en la que había narcopisos.

FERRAN NADEU

La autoridad al trantrán

Jordi Mercader

No se trata solo de desplegar agentes, sino también del discurso oficial del ayuntamiento; si la posición es dubitativa, unos leen tolerancia y otros debilidad

La convivencia de más de un millón y medio de personas en un espacio de cien kilómetros cuadrados requiere de una cierta ingeniería social, una combinación de civismo, libertad y autoridad; en cuanto se pierde el equilibrio entre los componentes, la percepción general es de desorden. La percepción y la realidad no tienen por qué coincidir, de todos modos, los sentidos nos pueden engañar, pero no tanto, aunque a veces operen muchos actores interesados en la hipérbole del caos. No parece que Barcelona haya caído en el saco del caos, simplemente, algunos fenómenos permanentes de alteración del orden ciudadano se han salido de los límites habituales de percepción.

La ocupación de la calle por la pequeña delincuencia, la venta y el consumo de droga en solares abandonados o pisos ocupados, cuando no cualquier esquina, la desobediencia comercial impulsada por la pobreza se visualizan hoy con mayor osadía que hace unos años, o como hacía años que no se veía. Suceder, sucedía, con algún punto porcentual más o menos, pero sobre todo, ocurría alejado de las miradas sensibles y, por tanto, del umbral de alarma ciudadana.   

Un bien a proteger

El espacio público es un bien a proteger por el ayuntamiento y el ejercicio de la autoridad no es cosa solo de guardias urbanos. Primero están los que mandan, los que aprueban las normas y vigilan su aplicación, que se intuye al trantrán, en todo caso, lejos del rajatabla que algunos sectores sociales y políticos quisieran. De otra parte, hay que considerar que las facultades del consistorio son plenas en el ámbito de la calle, mediante las ordenanzas del uso del espacio público y la de civismo, pero su capacidad de acción disminuye notablemente en cuanto a la intervención en el dominio privado, a menos que pueda alegar la existencia de un peligro para la seguridad o la salud públicas.

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La resolución de la ecuación seguridad-libertad es un clásico de la dificultad; imprescindible para salvaguardar la buena salud de la convivencia ciudadana, siempre asumiendo que el ejercicio perfecto de derechos y obligaciones no está al alcance de ninguna ciudad. El objetivo es más modesto, tan solo mantener a raya los fenómenos distorsionadores de la tranquilidad del buen ciudadano, en unos límites soportables para la percepción general.  

Los especialistas dicen que, en esta lucha por el equilibrio deseable entre amenazas y protección del espacio público, lo esencial es no dar señales de debilidad desde la autoridad; no bajar la guardia en la exigencia de aquellos límites, sean territoriales, de intensidad o de exhibición; cualquier retroceso da alas a la vulneración de las normas. No se trata solo de desplegar agentes, se trata también del discurso oficial de las propias autoridades municipales sobre la materia, porque de este mensaje sacan consecuencias los policías, los infractores y el conjunto de ciudadanos. Cuando la posición es dubitativa o contradictoria, unos leen tolerancia y otros debilidad, y así es mucho más difícil contener a los transgresores.