Opinión | Editorial
Seis años de exclusión sanitaria
Los ritmos y prioridades de la política se han impuesto a la salud de centenares de personas en Catalunya, la mayoría inmigrantes
Niños y mujeres embarazadas a las que se les niega la atención médica. Enfermos a los que se les pide dinero para ser atendidos en urgencias. Esta ha sido la triste realidad aquí, en nuestras calles. Al menos 375 personas en Catalunya no fueron atendidas por la sanidad pública 375 personas en Catalunyano fueron atendidas por la sanidad pública entre marzo del 2013 y septiembre del 2018. Pacientes a los que les negó el derecho a la salud, un derecho básico y fundamental. Sin él, la vulnerabilidad es máxima.
El Gobierno de Mariano Rajoy eliminó por decreto en el 2012 la universalidad de la sanidadMariano Rajoyuniversalidad de la sanidad en España, una conquista que se había consolidado desde los años 80. Pero ahora las personas debían trabajar y estar asociadas a la Seguridad Social para ser atendidas. El paciente dejaba de ser ciudadano para ser 'asegurado'. El PP justificó la ley como una medida para garantizar la supervivencia del sistema sanitario, pero teniendo en cuenta los colectivos afectados (la mayoría inmigrantes en situación administrativa irregular), cuesta no ver una intencionalidad xenófoba en la disposición.
Ante la injusticia de la ley, fueron muchas las asociaciones ciudadanas en toda España que se movilizaron en contra. La aplicación fue desigual, ya que algunas comunidades autónomas trataron de buscar fórmulas legales que les permitieran eludir su cumplimiento. Catalunya fue una de ella y en el 2017 aprobó la ley de universalización de la asistencia sanitaria que, a pesar de su enunciado, no consiguió su objetivo. Su principal defecto fue la obligatoriedad de presentar el empadronamiento para ser atendido, lo que suponía una insalvable limitación para muchos ciudadanos. También para personas refugiadas que, hasta el cabo de unos meses, no conseguían empadronarse en muchos municipios catalanes. Aún así, esta dificultad no explica todos los casos inatención, ya que, de los 375 casos de vulneración registrados, 175 sí que tenían el padrón vigente.
'Volem acollir' es un hermoso mensaje que para ser convertido en realidad requiere algo más que voluntad política. Las dificultades de la ley del Gobierno catalán podían haberse solventado si se hubiera escuchado a las asociaciones desde el principio y se hubieran creado los mecanismos necesarios para cumplir su intencionalidad. Por desgracia para esos centenares de personas, los ritmos y prioridades de la política se impusieron a su salud.
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