El dinero del 'procés'

Que estamos soportando la mayor crisis política en democracia con el Gobierno más inepto y gandul desde 1977, es algo de lo que tenemos pruebas a diario. Mariano Rajoy ha sido incapaz todos estos años de liderar ninguna iniciativa que pudiera cimentar un pacto de Estado como mínimo entre los constitucionalistas. Sus medidas para hacer cumplir la legalidad en Catalunya han sido y son de risa, y no ha desarrollado jamás una estrategia de comunicación frente a la propaganda independentista, una desidia particularmente grave en Europa.

Recordemos que, en abril del 2017, Carles Puigdemont exhibió como un trofeo en las redes sociales las sucesivas notificaciones del TC avisándole de las consecuencias penales de la desobediencia. También que los gravísimos hechos de septiembre y octubre pasado fueron reiteradamente anunciados por el Govern sin que Rajoy pudiera esgrimir ignorancia. Y, sin embargo, la activación del 155 se hizo muy tarde, tras el referéndum del 1-O, cuando ya no quedaba más remedio y después de que Felipe VI tuviera que salir a poner un dique de contención a la desafortunada gestión del ministro Zoido.

Indolencia del Gobierno

Ahora mismo, la aplicación del 155 es tan superficial que en las consejerías abunda la decoración con lazos amarillos y, tremendo error, se permite que los medios públicos estén al servicio del relato separatista con absoluto descaro. En ese disparate la responsabilidad es también del PSOE. Pero solo la indolencia del Gobierno explica que sigan en la Generalitat cargos que son de confianza política y, por ejemplo, que hasta este viernes no se cesara a Agustí Colomines, uno de los ideólogos más sectarios del nacionalismo, director de la formación de los funcionarios catalanes. Por si todo esto fuera poco Cristóbal Montoro ha hecho las delicias de los independentistas con unas declaraciones incongruentes.

Una cosa es que al ministro no le conste que el dinero del FLA se haya dedicado al 'procés', aunque en febrero Hacienda se personó en la causa judicial por "sospecha razonable" de malversación, y otra que niegue de forma chulesca que "no se gastó un euro público en el referéndum". Primero, porque los gastos ilegales pudieron ser sufragados con los ingresos de los impuestos propios, un 20% del total de los recursos de la Generalitat, fuera de la vigilancia de Hacienda. Segundo, hasta el 15 de septiembre Montoro no tomó el control absoluto de las finanzas catalanas. Y, finalmente, porque las facturas siempre se pueden falsear. Es evidente que el Govern gastó ingentes cantidades en el 'procés', otra cosa es la posible ingeniería contable para camuflar determinados pagos.

Las declaraciones del ministro son una grave torpeza porque generan un ruido innecesario cuando se ha reabierto la posibilidad de que los jueces alemanes extraditen a Puigdemont por malversación y rebelión. Son el fruto del egoísmo de quien solo busca agradar al PNV para asegurar que le vote los Presupuestos, cosa que igualmente hará porque el PP le ha regalado el mejor cuponazo de la historia y unas suculentas inversiones en la Y ferroviaria vasca, entre otros caramelos.