Opinión | Editorial
Un pequeño gran fraude
Administración, profesionales y consumidores deben redoblar los controles sobre la cadena alimentaria
El fraude alimentario que pude tener consecuencias negativas para nuestra salud parece que está bien controlado. La acción coordinada de los estados miembros de la Unión Europea hace que hoy sea impensable que se reproduzca una estafa como la del aceite de colza desnaturalizado, cuando el desvío de aceites industriales al consumo humano acabó con la vida de centenares de personas en España. Recientes crisis como la de las 'vacas locas' han tenido una resolución mucho menos dramática, afortunadamente, y han reducido considerablemente el riesgo, que nunca es cero.
Pero lo que ahora hemos descubierto que prolifera es el fraude alimenticio que no tiene consecuencias para la salud. Según un estudio del instituto vasco Azti, el 50% de los establecimientos de restauración de España engaña a sus clientes, especialmente cuando les sirve platos que contienen pescado y marisco. En algunas especies, como el mero, llega al cien por cien de los casos analizados y en otros, como el lenguado, supera el 80%. El origen de la estafa no es otro que cobrar a precio más caro especies menos valoradas en la lonja. Algo que se podría considerar anecdótico, pero que que si tenemos en cuenta el volumen de facturación de la restauración en España fácilmente comprendemos que se trata de un fraude multimillonario. Y lo que es peor, una red por la que cualquier día se puede colar de nuevo alguna práctica que sí que resulte perjudicial para la salud humana.
Ante situaciones de este tipo lo habitual es reclamar a la Administración que redoble las medidas de control de la cadena alimentaria. La digitalización permite hoy extremar la trazabilidad de los alimentos. Pero difícilmente las administraciones podrán llegar hasta determinados rincones donde se cambian las etiquetas de los productos o se mezclan ejemplares de calidades distintas.
Hay que hacer una llamada también a la responsabilidad de todos los que participan en la cadena: productores, distribuidores, mayoristas, transportistas y restauradores. Sin una férrea ley del silencio es imposible mantener un fraude que exige tal número de complicidades para asegurarse la impunidad. Y, en último lugar, hay que concienciar a los consumidores de la necesidad de mejorar su cultura alimenticia. Y en este punto hemos retrocedido, porque hace un par de generaciones era más difiícil dar gato por liebre.
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