Revisitando el 1-O en el Supremo

Dos vías paralelas, la estrategia policial y la judicial del independentismo, se entrecruzan de forma inevitable. Ayer, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la coordinadora general del PDECat, Marta PascalMarta Rovira,Marta Pascal, declararon ante el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo (TS) en condición de investigadas por pertenecer al llamado comité estratégico que presuntamente diseñaba los pasos para la ruptura entre Catalunya y España.

Ante el juez, Rovira y Pascal sostuvieron que la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre fue tan solo «política» y que no tuvo ninguna validez jurídica. Además, Rovira afirmó que el 1 de octubre le propuso al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, suspender la votación Carles Puigdemonta causa de la violencia que se vivía en las calles. Puigdemont, según Rovira, se negó alegando que había demasiada gente en los colegios. 

Pese a ello, tanto Rovira como Pascal sostuvieron en el camino que llevó del 1-O al 27 de octubre (día en que el Parlament votó la DUI) que del referéndum había surgido un "mandato democrático" que, según las leyes del referéndum y  de transitoriedad que el Parlament aprobó con el voto favorable de Junts per Sí y la CUP, debía traducirse en la independencia y el nacimiento de la república.

La presión del poder judicial provoca que una parte del liderazgo independentista, usando su legítimo derecho a la defensa, revisite lo sucedido entre el 6 y el 7 de septiembre y el 27 de octubre. Rovira y Pascal siguen la misma línea que Carme Forcadell u Oriol Junqueras. Sin embargo, Mireia Boya hablaba la semana pasada de una "DUI efectiva", y hoy Anna Gabriel en principio aclarará si declara ante el TS o si sigue el camino de Puigdemont y los otros exconsellers prófugos de la justicia.

Pragmatismo o irredentismo

En el ámbito judicial, se da el mismo debate estratégico que en el político: apostar por el pragmatismo ante la realidad de las consecuencias del choque con el Estado, o mantener el irredentismo del legitimismo a ultranza. Están por ver las consecuencias legales de estas posturas (Boya y Pascal quedaron en libertad sin medidas cautelares, Rovira debe pagar 60.000 euros de fianza) pero las políticas tienen doble cara. Por un lado, el Parlament prosigue bloqueado. Por el otro, escuchando según qué declaraciones en el TS, es difícil no lamentar tanta y tan dañina irresponsabilidad.