La selva del mercado inmobiliario

El mercado de la vivienda de alquiler está llegando a unos límites insostenibles, con situaciones ciertamente rocambolescas, que serían la excusa para una novela picaresca si no fuera que esconden la tragedia de muchas familias. En los últimos años, en Catalunya en general, y, en particular en Barcelona y su área metropolitana, los alquileres se han disparado de una manera alarmante, a partir de muy diversas causas, como la poca oferta existente y la demanda en aumento, la irrupción del alquiler turístico, o la aparición de nuevas normativas que reformaban la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en detrimento del arrendatario.

A ello debe añadirse la aparición de una auténtica selva inmobiliaria que nos informa de cómo la burbuja inversora vuelve a tener la vivienda como objetivo. Bien a través de fondos de inversiones o como solución rápida para obtener una alta rentabilidad, se ponen en venta pisos con bicho, es decir con alguien que vive en ellos (incluso citando la edad del inquilino en los anuncios), en una deriva del llamado capitalismo rentista que no atiende a problemáticas sociales sino que solamente contempla la vivienda como un método de enriquecimiento sin entrañas. 

Este mismo panorama se convierte en surrealista cuando entramos en el mundo de los pisos ocupados. Personas que no tienen la posibilidad de acceder a un alquiler razonable, por culpa de la crisis, por empleos precarios o por situaciones personales dramáticas, se ofrecen a vivir en un piso para protegerlo de hipotéticas ocupaciones o buscan oportunidades de ocupación que muchas veces están gestionadas por mafias, en un submercado que se aprovecha de los abusos inmobiliarios. Por otra parte, proliferan las empresas que prometen desocupar viviendas, inversores que compran incluso con este gravamen social o sociedades que especulan con los activos de la Sareb, el banco malo, en un afán de invertir con rentabilidades altas y baja fiscalidad. 

Pese a lo previsto en el artículo 47 de la Constitución y a los esfuerzos de la Administración (como el Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 del Ayuntamiento de Barcelona) para desarrollar la función social de la vivienda, lo cierto es que el panorama es desolador. Efectos de una crisis que ahora beneficia a los más despiadados en perjuicio de los más castigados económicamente.