La polémica empresa Desokupa ha desalojado 30 viviendas en Barcelona

Toc-toc. El ocupa se levanta del sofá para averiguar quién llama. Al abrir la puerta, se topa con un grupo de hombres tan robustos que pasarían desapercibidos dentro del equipo nacional de rugby de Nueva Zelanda. Los lidera Daniel Estévez, el jefe de la empresa Desokupa, especializada en el desalojo de personas que residen en domicilios que no son de su propiedad o por los que no pagan alquiler.

Según asegura el propio Estévez, esta empresa ha "devuelto" más de 70 viviendas a sus clientes en España a lo largo de su primer año de existencia. La mayoría de estos encargos los ha atendido en Barcelona. En Nou Barris y en el Raval ha consumado "más de 30 servicios". ¿Es legal el modo de proceder de una empresa que actúa sobre ocupaciones en las que no puede intervenir la policía?

EL DILEMA DE DESOKUPA

"Soy director de seguridad, hablo idiomas y estoy asesorado por abogados; de hecho, más de una veintena de bufetes han recomendado mis servicios a personas que han sufrido una ocupación", asegura Estévez mostrando una placa que lleva en la cartera. Según su versión, no hay nada ilegal en sus actuaciones. "Ni somos matones ni ponemos la mano encima a nadie", remarca con la misma vehemencia con la que responde cualquier duda que se lance sobre el dilema que suscita la existencia de una empresa que alivia a propietarios -a menudo inmobiliarias y grupos de inversores- frustrados con el Código Penal. "¿Qué dilema? Nosotros ayudamos a la buena gente que sufre ocupaciones en sus casas".

-Pero el aspecto de sus trabajadores intimida, ahí está el dilema, en el modo de gestionar los desalojos.

-Juego con esta presencia física. Pero eso no es ilegal. Además, para hacer frente al tipo de ocupaciones con las que nosotros lidiamos hace falta personal preparado. Hace poco me abrieron la puerta y trataron de rajarme en el abdomen. No todo el mundo puede hacerlo.

El grupo del PSC ha entrado ya una propuesta parlamentaria que pide al Govern que "investigue" si los métodos de Desokupa respetan la ley. También para "denunciar" los vínculos de este grupo con "la extrema derecha" y con formaciones "paramilitares".

LOS MOSSOS GUARDAN SILENCIO

Los Mossos d’Esquadra no se posicionan sobre la actividad de esta empresa. Avisan únicamente de que si alguna persona se siente "intimidada o coaccionada" por su forma de actuar debe llamar a la policía. Hasta la fecha, no hay ninguna denuncia.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario recuerdan que únicamente "un juez” puede ordenar un desalojo. En este sentido, inquieta la aparición de esta empresa porque "nadie puede forzar ni acelerar el abandono de una vivienda". El consejero técnico de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, aseguró que la práctica de esta empresa es "totalmente improcedente desde el punto de vista legal".

Estévez, sin embargo, asegura que todo lo que hacen durante sus "operativos" es "negociar" con los ocupas "un precio" para que estos acepten marcharse. Si lo hacen, firman un documento con Desokupa en el que atestiguan que han recibido la cantidad acordada. En cuanto salen por la puerta, los trabajadores de Estévez colocan una alarma conectada con una empresa de seguridad y cambian la cerradura. A veces, incluso instalan una puerta ‘antiokupa’ que blinda por completo el acceso. Toda la secuencia, la filman "por seguridad". 

CONFLICTO EN LA CALLE DE LA CERA

El jueves 25 de agosto hubo un "operativo" en la finca número 15 de la calle de la Cera, en el Raval. Miembros de una plataforma contra los desahucios llamaron a los Mossos al detectar a la empresa Desokupa; la conocían desde su participación en el desalojo de una casa ocupada en el barrio de Gràcia durante el mes de abril. La llegada de la policía detuvo el desalojo. 

Estévez asegura que no aceptan un encargo antes de confirmar que el cliente es el legítimo dueño de la vivienda y que para actuar piden permiso a la comunidad de vecinos. No obstante, para el trabajo de la Cera no habló con el presidente de la comunidad de vecinos ni con el administrador de la finca. Ellos, si alguien puede hacerlo, son quienes deberían haber autorizado que se montara el "control de acceso" que desplegó en la puerta principal del edificio y que impedía entrar en él. Sí habló, en cambio, con Manel Ginés, dueño del domicilio ubicado justo delante del que trató de desalojar. En cualquier caso, los dos vecinos y el administrador han remarcado que la ocupación sobre la que pretendía intervenir Desokupa había deteriorado la convivencia de esta finca hasta convertirla en un "calvario".  

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La familia filipina que ocupaba este domicilio que intentaban desalojar, por su parte, explicó a este diario que los hombres de Estévez no les amenazaron pero sí entraron en el piso y les dijeron que tenían que irse "antes de las diez de la noche", a pesar de que el juicio previsto para resolver esta ocupación tiene fecha en noviembre. La llegada de Mossos y Guardia Urbana impidió que se ejecutara la expulsión. 

El propietario de Desokupa fue detenido por liderar un grupo expeditivo de cobros a morosos aunque, según señala, esta causa "se terminó archivando sin que se demostrara nada". Estévez asegura haber "cambiado". Ahora no contrata "a nadie que tenga cuentas pendientes con la justicia". Entre los que sí acepta en su grupo, por ejemplo, está un excombatiente militar de Kosovo. Apariencia de músculo y de contundencia que sirve a los propietarios que no confían en la justicia. Dilema hay.