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EN CLAVE EUROPEA

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el pasado 15 de diciembre en Bruselas.

EFE / STEPHANIE LECOCQ

Doble rasero de la UE en el Este

Eliseo Oliveras

Bruselas actúa contra Polonia, pese a que Hungría, cuyo lider lleva siete años eludiendo las sanciones gracias a ser miembro del Partido Popular Europeo, ha ido mucho más lejos en las reformas autoritarias

Polonia se ha convertido en el primer estado de la Unión Europea (UE) para el que se activa el procedimiento de sanciones políticas por vulnerar los principios democráticos, pese a que Hungría ha ido mucho más lejos en la reforma autoritaria del Estado. Después de dos años de infructuosas advertencias al Gobierno del ultraconservador Partido Ley y Justicia (PiS), la Comisión Europea se despide del 2017 iniciando el proceso del artículo 7 del Tratado de la UE contra Polonia.

La decisión sin precedentes contrasta con la pasividad mostrada durante los últimos siete años con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, defensor de la "democracia nacional iliberal" y cuyas reformas autoritarias imita el Gobierno polaco. La Comisión Europea se ha conformado con retoques cosméticos que no han alterado la contrarreforma de Orbán y de su coalición conservadora Fidesz. Ya en el 2015, el prestigioso economista y académico húngaro Janos Kornai detalló en 'Hungary's U-Turn' como el país había dejado de ser una democracia para transformarse en una "autocracia" sin ser escuchado por  la UE. Grzegorz Ekiert, especialista en democracia y Europa Oriental de la Universidad de Harvard, lo define como un "régimen autoritario electoral".

Fuerzas dominantes

En esa pasividad de la UE hacia Hungría ha sido clave que Orbán y el Fidesz sean miembros del Partido Popular Europeo (PPE), que domina la Comisión Europea, es el principal grupo del Parlamento Europeo y el mismo partido de la cancillera alemana, Angela Merkel. El polaco PiS, por el contrario, no forma parte de las fuerzas dominantes en la UE (populares y socialistas), sino que está aliado con los 'tories' británicos en el grupo Conservadores y Reformistas de la Eurocámara y sólo cuenta como valedores a Orbán, al nuevo primer ministro checo, Andrej Babis, y a la primera ministra británica, Theresa May (que está abandonando la UE). El aumento de las tensiones entre Varsovia y Berlín ha hecho saltar el último freno que retenía al Ejecutivo comunitario.

La Comisión Europea reprocha al Gobierno polaco colocar bajo control político a todo el sistema judicial. Pero la reforma autoritaria va mucho más allá: el PiS ha depurado la Administración, el Ejército y los servicios secretos, ha cambiado el sistema de nombramientos para afianzar su poder en la Administración y el sector público, ha transformado los medios de comunicación públicos en un instrumento de propaganda tras depurar a más de 200 periodistas, hace la vida imposible a los medios de comunicación privados críticos (retirada de publicidad institucional y de las empresas públicas, acoso a periodistas e incluso prohibición de venta de la 'Gazeta Wyborcza' en gasolineras y empresas públicas), ha restringido el derecho a manifestación, legisla sin apenas debates y prepara la reforma de la ley electoral para asegurarle la victoria en los próximos comicios locales.

Orbán ha ido mucho más lejos en Hungría: Elaboró una nueva Constitución a su medida, que después ha retocado en varias ocasiones. Legisla por procedimientos parlamentarios relámpago (88 leyes llegaron a tramitarse y aprobarse en el plazo de una semana). El régimen se ha blindado estableciendo una mayoría de dos tercios para poder modificar numerosas de sus nuevas leyes. Ha reformado las leyes electorales para facilitar la victoria de Fidesz y se ha hecho con el control del aparato judicial a través de los nombramientos y la fiscalía, que no duda en utilizar con fines políticos. No solo controla los medios de comunicación públicos, sino también los privados mediante la restricción de publicidad, las licencias de radio y la compra de medios críticos por empresarios afines (incluido su cierre, como 'Népszabadság').

Reparto de obras

Orbán y Fidesz controlan además amplios sectores de la economía a través del reparto de las obras y contratos públicos, las concesiones, los permisos y las licencias a empresarios fieles y del entorno personal de la cúpula dirigente. Y ahora intenta acabar de imponer su dominio sobre la sociedad civil mediante la legislación respecto a organizaciones no gubernamentales y contra la universidad financiada por George Soros.

La UE, cada vez más intergubernamental, está mal equipada para hacer respetar los principios democráticos en su seno. Pese al inicio del procedimiento contra Polonia, para poder imponer sanciones se necesita la unanimidad de los Veintiocho. Orbán ya ha anunciado su veto y la premier británica, que busca quebrar la unidad europea en las negociaciones del 'brexit', ha indicado que las cuestiones constitucionales son un asunto interno de cada Estado. 

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