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LA CLAVE

El agravio fiscal a la cultura catalana y la entrega exprés de las obras de Sijena agravan la intervención 'light' de la autonomía

Edulcorada por la pronta convocatoria de elecciones, la suspensión temporal de la autonomía, vía artículo 155 de la Constitución, ha impactado menos de lo temido en el día a día de los catalanes. Pese al cese por decreto del Govern y su parcial encarcelamiento, la intervención 'light' de la Generalitat había devuelto la calma a las calles. Pero últimamente el Estado emite señales contradictorias.

Mientras los políticos presos rellenan el formulario del Supremo para recobrar la libertad, la cultura catalana se alza contra la exigencia del 21% del IVA por las subvenciones recibidas. Una factura de casi 30 millones que pone en jaque el futuro de instituciones como el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, Temporada Alta, el MNAC, el CCCB...

Se da la circunstancia de que solo en Barcelona la Agencia Tributaria estima que las ayudas públicas a este sector deben tributar. Que se sepa, las delegaciones de Hacienda del resto de España no han abierto inspección alguna por este concepto. Una práctica tan cuestionable que, para deshacer el entuerto, hace poco el propio legislador enmendó una ley cuyo confuso redactado permitía, sin convertirlo en obligatorio, el cobro del IVA a los consorcios culturales. 

En condiciones normales, este agravio fiscal hubiera desatado un contencioso entre los titulares de Hacienda, Oriol Junqueras y Cristóbal Montoro, pero merced al 155 el segundo no tiene quien le tosa. Lo que no sería óbice para que, por un mínimo sentido de equidad, el ministro arbitre una fórmula que evite males culturales (y políticos) mayores en Catalunya.

CONTRA LA GENERALITAT

De igual modo, el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, podría haberse abstenido de terciar en el conflicto judicial por las 44 obras del Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca) depositadas en el Museu de Lleida. Por contra, ha aprovechado su condición de 'conseller' accidental para obrar contra los intereses de la Generalitat.

El carácter en teoría excepcional del 155 no casa con la toma de decisiones objetivamente lesivas para Catalunya que, por lo demás, alimentan electoralmente las pulsiones rupturistas que se pretendían combatir. 

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