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La justicia y el Govern de Puigdemont

Imperfecto, como todos

LEONARD BEARD

Imperfecto, como todos

Argelia Queralt

España es un Estado de derecho que se defiende, a veces con muy poco acierto, de los ataques a su funcionamiento


Escribo estas líneas después de que Carles Puigdemont y parte de su Govern hayan huido a Bruselas, donde  sortean la acción de la justicia española, después de que la jueza instructora haya decretado prisión provisional sin fianza (y así se haya ejecutado) contra ocho exconsellers de la Generalitat y después de que se haya desestimado el recurso de los Jordis para salir en libertad condicional tras 18 días en prisión provisional.

El escenario es terrible también para aquellos que creemos que la única solución que tiene esta crisis es la negociación política. Sin embargo, que sea terrible, e incluso evitable, no permite afirmar que estamos en un Estado represor, ni mucho menos en una dictadura.

Una medida excepcional

Nuestro ordenamiento jurídico contempla la prisión provisional como una medida excepcional que solo cabe ser decretada durante la instrucción si se dan una serie de condiciones. La excepcionalidad es exigida porque afecta –no hay que olvidarlo– como mínimo a dos derechos fundamentales de la Constitución: por una parte, la libertad personal, uno de los pilares del Estado de derecho democrático; y por otra, la presunción de inocencia, que significa que nadie es culpable hasta que en un juicio con todas las garantías se demuestra que es responsable de una o varias conductas delictivas. La prisión provisional supone, y perdonen la obviedad, privar a un inocente de su libertad.

Coincido en que la jueza instructora se ha equivocado a la hora de apreciar la existencia de algún delito y al considerar que concurren las condiciones necesarias para encarcelar a una serie de personas investigadas pero inocentes. Sin embargo, esta jueza actúa en un poder judicial en el que existen mecanismos para poder revertir sus decisiones. De hecho, los privados provisionalmente de libertad podrán, hasta el juicio oral, solicitarle tantas veces como lo crean conveniente que decrete su libertad. Y con ello no pretendo frivolizar el hecho de que estén encarcelados, en absoluto. Pero debemos contextualizar. 
Es cierto que el escenario judicial no está en su mejor momento: en él participa un fiscal general del Estado reprobado por el Congreso por su complacencia con los investigados del PP y hay dudas de peso sobre la competencia de la Audiencia Nacional, entre otras cuestiones.

El conflicto solo se resolverá desde el diálogo, pero respetando todos las reglas de juego

Sin embargo, los ahora investigados han podido cometer una serie de delitos, algunos de ellos muy graves precisamente por la relevancia de sus posiciones institucionales: eran el Govern. Y no, no están siendo juzgados por organizar un referéndum, por querer que la gente vote; han sido encausados porque, aun sabiendo cuáles eran las posibles consecuencias jurídicas, decidieron saltarse el ordenamiento jurídico a la torera, y no una sino diversas veces (algunos dirían que incluso de forma continuada). No están siendo perseguidos por defender unas ideas (no son presos políticos), sino porque han tratado de defender sus ideas haciendo caso omiso de la legalidad vigente. Legalidad, por cierto, aprobada por un Parlamento y un Parlament escogidos democráticamente.

¿Son todas estas actuaciones constitutivas de delito? No me corresponde a mí responder. Lo que sí es cierto es que son actuaciones contrarias al ordenamiento, como estos mismos dirigentes han reconocido, por cierto, apoyando la aprobación de la ley del referéndum y la de transitoriedad (recuerden ahora a los letrados del Parlament) y dándoles recorrido, incluso de formas muy ingeniosas. No olvidemos que Puigdemont y sus consellers se marcharon de forma casi clandestina a Bruselas precisamente sabiendo que serían perseguidos.

Comprender las posiciones legítimas del otro

Y ello ocurre en España, que es un Estado de derecho plenamente homologable a otros de nuestro entorno. Porque, aunque se repita machaconamente estos días, no estamos en una dictadura ni nada que se le acerque. Estamos ante un Estado con sus imperfecciones que se defiende –a veces con muy poco acierto– de lo que considera ataques a su normal funcionamiento. Y lo hace aplicando las normas existentes y a través de una justicia que, con sus más y sus menos (sobre todo, presupuesto), funciona.

Todo ello no obsta para que deba insistirse en que estamos ante un conflicto de base política, con consecuencias jurídicas, pero que solo se arreglará si se aborda desde el diálogo y la comprensión de las posiciones legítimas del otro. Eso sí, en todo caso y como base, todos respetando las mismas reglas de juego. Y ello implica no retorcer la ley de partidos (y la Constitución) o no intentar convertir las próximas elecciones en lo que no son.