Dignificar el salario mínimo interprofesional es una responsabilidad colectiva

A partir de este enero, el salario mínimo interprofesional para el año 2017 será de 707,60 euros al mes, 707,60 euros al mes, un incremento del 8% que el Consejo de Ministros aprobó el pasado diciembre. El sueldo mínimo se sitúa en 9.906,40 euros anuales (repartidos en 14 pagas) que, aún así, sigue quedando muy lejos de los sueldos mínimos de los países líderes como Luxemburgo (1.922,96), Bélgica (1.501,82), Irlanda (1.461,85) o Francia (1.457,82).

Para las empresas de economía social como los centros especiales de trabajo, más conocidos como CET's, este incremento supone la asunción de un 4% de fondos propios a la bolsa salarial, ya que la Administración subvenciona solo el 50% del salario mínimo.

Un aumento salarial notable como este es una buena noticia, sin duda, para las empresas que trabajamos con personas con discapacidad, un colectivo amplio y diverso menudo también en riesgo de exclusión. Lo es porque dignifica el trabajo, proporciona más poder adquisitivo y aumenta la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, los eslabones más débiles de los asalariados. Pero al mismo tiempo, obliga a hacer frente a un incremento que las empresas deben poder generar también con recursos propios, no solo a partir de las subvenciones y aportaciones públicas de las administraciones.

EVALUAR EL RETORNO ECONÓMICO Y SOCIAL

A nuestro entender, esto ocurre para que los CET's tengan una visión constante de mejora de los sistemas de producción con la automatización de los procesos, la diversificación de las actividades y la eficiencia empresarial que permitan generar suficientes plusvalías para hacer frente estos incrementos de salario mínimo o salarios marcados por convenios profesionales. Sin embargo, otro objetivo puede ser, también, evaluar el retorno económico y social de la inversión pública en los CET's.

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Y una de las herramientas para evaluarlo es lo que se conoce como la metodología SROI (Social Return on Investment) que, en nuestro caso, usamos en el año 2013 para calcular el retorno social de cada euro invertido en la cooperativa Àuria. El resultado fue sorprendente: 4,49 euros por cada euro público invertido (en concepto de subvenciones del coste salarial, bonficaciones de la Seguridad Social y subvenciones a las unidades de apoyo al trabajo).

LA IGUALDAD DE DERECHOS

Este caso nos sirve para espolearnos. El tercer sector es un ámbito de la economía muy dinámico y obligado a reinventarse constantemente, a trabajar con ambición y responsabilidad porque ocupamos, precisamente, una población que sin la existencia de los centros especiales de trabajo tendría un acceso aún más difícil a la inserción laboral. Las consecuencias de esta privación son nefastas para la autonomía personal o la igualdad de derechos de las personas con discapacidad intelectual, por poner un ejemplo, las que más dificultades encuentran para obtener un puesto de trabajo.

Estamos ante un reto colosal, pues, pero colectivo también. Porque obliga a replantearnos las empresas sociales con objetivos de ser sostenibles económicamente. Debemos asumir la oportunidad de hacerlo mejor cada día. Pero también como sector deberíamos empezar a ordenar las desigualdades entre los centros especiales de trabajo. Que no es lo mismo un CET sin ánimo de lucro que un CET con fines lucrativos. Aunque esto, probablemente, es otro debate.