El nombre de la cosa
La negativa de Interior a inscribir las nuevas siglas de la vieja Convergència tiene base jurídica, a diferencia de su alusión a la ley de partidos
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC HERNÀNDEZ
En un nuevo revés en su accidentado proceso de refundación, a Convergència se le ha advertido de que no podrá rebautizarse como Partit Demòcrata Català (PDC). El veto preventivo procede del Ministerio del Interior, cuyo titular, el catalán Jorge Fernández Díaz, se ha convertido en el anticristo del independentismo tras la grabación de sus polémicas conversaciones con el exjefe de la Oficina Antifrau.
Pero, más allá de la evidente animadversión que el ministro y la cúpula convergente se profesan, conviene analizar los razonamientos con que Interior comunica a PDC que no podrá usar tales siglas, a fin de dirimir si la decisión encaja mejor en el terreno del derecho o en el de la arbitrariedad política. Y procede también discernir si quienes han promovido esta prohibición se mueven por intereses partidistas o por fobia antiindependentista.
Las alarmas saltaron en CDC tan pronto como la militancia aprobó su nueva denominación en el congreso, tras desechar las propuestas del equipo de Artur Mas. Había faltado tiempo o acierto para cerciorarse de que las siglas PDC no estaban ya registradas; en efecto, lo estaban. Autorizarlas, pues, conculcaría la ley electoral, que prohíbe "denominaciones, siglas o símbolos" que "induzcan a confusión con las pertenecientes o usados tradicionalmente por otros partidos".
Antes incluso que CDC formalizara su petición, dos ciudadanos a quienes se les había impedido inscribir partidos con nombres semejantes comunicaron a Interior que acudirían a los tribunales si hacía la vista gorda con la nueva formación de Mas. Uno de ellos, para más señas, fue el democristiano Antoni Castellà, fundador de Demòcrates de Catalunya y a la sazón compañero de CDC en el grupo parlamentario Junts pel Sí. Todo queda en casa.
¿ILEGALIZAR CDC?
Las quejas convergentes se resumen en una frase de Mas: "Una razón más para que la gente vaya a la Diada." Victimismo abonado, eso sí, por el aviso de Interior acerca de la incompatibilidad del independentismo con la ley de partidos. Comentario que, salvo que se esté amenazando a CDC con la ilegalización, desvirtúa la asepsia técnica del escrito ministerial.
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