La clave
Acatar no es claudicar
Someterse al arbitraje del TC no impide seguir reivindicando los principios propios por otros derroteros
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC
Hernàndez
El pasado abril, el Parlament envió al Congreso a tres emisarios de CiU, ERC e ICV para solicitar la delegación de las competencias precisas para convocar un referéndum independentista. La respuesta, como estaba cantado, fue abrumadoramente negativa, lo que no disuadió al bloque soberanista en su defensa del derecho a decidir. La convocatoria del 9-N, solemnemente firmada el sábado por Artur Mas, constituye un paso más en un proceso político complejo e incierto que no acabó necesariamente el lunes, con el bloqueo exprés dictado por el Tribunal Constitucional. Ni se extinguió ayer, pese a la suspensión cautelar de la campaña institucional de la consulta. Ni tampoco tocará a su fin el 9-N, que podrá ser una fecha festiva y reivindicativa, pero difícilmente una jornada electoral.
Al Govern no le quedaba otra que acatar, como hizo ayer, la orden de paralizar los preparativos del 9-N, sin perjuicio de las medidas políticas, jurídicas o de otra índole que pueda tomar para intentar hacer posible la consulta. Lo contrario, la desobediencia, hubiera resultado del todo excéntrico en un gobierno que tiene entre sus funciones, justamente, cumplir y hacer cumplir la ley.
Después del 9-N, el 10-N
Someterse al arbitraje del Constitucional, como en su día defendió el conseller Santi Vila entre severas críticas del soberanismo, tampoco implica claudicar en la defensa de los principios propios, que se pueden seguir revindicando por otros derroteros. Forzar a los empleados públicos o a los ciudadanos a desafiar la legalidad, con los riesgos que ello podría acarrearles, hubiera sido una irresponsabilidad impropia de gobernantes cabales.
De igual modo, CiU y Esquerra harían bien en no seguir alimentando la ficción de que aún es posible desplegar las urnas el 9-N. Primero, porque la Generalitat ya no está a tiempo de organizar la consulta, ni siquiera en la hipótesis, por lo demás remota, de que el Constitucional fallara a su favor en el perentorio plazo de un mes. Y segundo, porque después del 9-N vendrá el 10-N, y el reto de preservar al tiempo la unidad política y la convivencia social exige mucha pedagogía y ninguna demagogia.
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