Rubí reclama el cese de un vertedero de residuos cinco años después de un revés judicial

“Que lo cierren, es lo único que pedimos". Este próximo mes de septiembre se cumplirán cinco años desde que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó una sentencia que calificaba como errónea la ampliación del vertedero de Can Carreras, ubicado en Rubí (Vallès Occidental), en 24.950 toneladas adicionales de capacidad. A día de hoy, esos residuos aún permanecen allí, en este mismo vertedero que ha estado en funcionamiento desde los años 90. El consistorio teme que la decisión judicial pueda prescribir al cumplirse un lustro.

La declaración inicial es de la portavoz de la Plataforma Rubí Sense Abocadors, Montse Rousse, entidad que lleva 13 años luchando por el cierre de los vertederos de la ciudad, incluyendo Can Canyadell y Can Balasc; todos gestionados por la empresa TMA Grupo Sánchez. "Durante toda la vida, los vertederos han desgarrado la ciudad, es el momento de poner punto y final", insiste Rousse. “¿Qué ha pasado en el vertedero tras cinco años de la sentencia del TSJC? ¿Se han saldado cuentas? ¿Por qué no se ha clausurado, si Generalitat, Ayuntamiento y Plataforma apuestan por su cierre?”, se pregunta.

Los tres actores insisten en que se debe cerrar de forma definitiva el vertedero. Sin embargo, la Plataforma insiste en que la actividad continúa, mientras que las administraciones dicen que se ha parado y que ahora se está "negociando la clausura".

Un vertedero de Rubí lleva más de 20 años funcionando ilegalmente

En septiembre de 2019, el tribunal catalán estimó mediante tres sentencias los tres recursos contenciosos administrativos presentados por el Ayuntamiento de Rubí en 2013, los cuales anulaban la licencia concedida por la Generalitat de Catalunya en 2012. Esta autorización (ya denegada) había permitido al Grupo FSM Vertispania, SL (también propiedad de TMA Grupo Sánchez) ampliar tanto el volumen como la tipología de residuos del vertedero.

La sentencia que hace referencia a la ampliación, consultada por EL PERIÓDICO, establece: “Se considera no sustancial la modificación comunicada por la empresa Grupo FSM Vertispania, SL, consistente en ‘la mejora de la integración paisajística con un incremento de 24,950 toneladas de residuos, modificando la morfología final de la clausura’, (...), acto que declaramos nulo de pleno derecho”. Este diario se ha puesto en contacto con el Grupo Sánchez TMA pero no ha obtenido respuesta.

Se trata de una sentencia declarativa, es decir, que no implica la retirada de las casi 25.000 toneladas ni, por ende, de los 50 tipos de residuos añadidos de más, según detallan fuentes municipales. En 2021, el Ayuntamiento de Rubí encargó un dictamen pericial para analizar cómo debería realizarse la retirada de los residuos de Can Carreras. Este documento era necesario para solicitar al TSJC la ejecución de la sentencia, cuyo cumplimiento implica una "alta complejidad técnica".

Hasta la fecha, este proceso no se ha concretado. No obstante, la Agència de Residus de Catalunya (ARC, Generalitat), el Ayuntamiento de Rubí y la Plataforma Rubí Sense Abocadors coinciden en que es mejor no retirarlos -por razones ambientales y económicas- y prefieren avanzar directamente hacia la clausura.

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Los tres actores consideran que la retirada supondría un ajetreo para el vertedero y, sobre todo, para el vecindario. “Implicaría el ir y venir constante de camiones, malos olores y humaredas”, denuncia la portavoz de la Plataforma. En la misma línea se expresa el Ayuntamiento: “La sentencia requiere un cumplimiento razonable y sostenible que no genere otro problema ambiental para la ciudad, que ya ha sufrido mucho a lo largo de los años”, subrayan fuentes municipales.

Sin embargo, su cierre (o clausura) no se materializará hasta que se haya alcanzado un acuerdo entre Ayuntamiento y la Generalitat, una negociación entre ambos actores para saldar cuentas por la licencia erróneamente otorgada. Sin embargo, desde la primavera pasada las negociaciones están estancadas. Según la Generalitat, el diálogo no se ha retomado tras la celebración de las elecciones del 28 de mayo. Por su parte, el Ayuntamiento insiste en que ha solicitado en varias ocasiones la interlocución con el 'conseller' de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, “sin obtener respuesta alguna”.

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Compensación o mejoras

Más allá de este 'vacío' de diálogo, para el ayuntamiento el incremento de residuos del vertedero de Can Carreras debería suponer una compensación económica para reparar el perjuicio causado a la ciudad de Rubí y a sus urbanizaciones por el vertido de cerca de 25 mil toneladas de residuos de más. Así, calculan que la cantidad que se debe aportar son 41.000 euros, un resultado que sale del beneficio generado por las 24.950 toneladas de residuos incorporadas a través de la autorización anulada, según la Plataforma. Fuentes de la Generalitat, en cambio, manifiestan a este diario que no está dispuesta a pagar esta cantidad, pero sí a beneficiar a la ciudad de Rubí con mejoras en la recolección selectiva de residuos.

Finalmente, por su parte, la portavoz de la Plataforma tilda de "inaceptable" esta cantidad al verla demasiado baja, aunque comprende la necesidad de "partir de alguna base" y reconoce que no ha hecho ningún cálculo económico alternativo. "Nos decantamos por el cierre definitivo y el traslado a un polígono industrial de las actividades que todavía están autorizadas en la finca”, reivindica Rousse. 

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El vertedero, ¿en funcionamiento?

Ayuntamiento y Generalitat sostienen que el vertedero de Can Carreras ya no está en funcionamiento. "Aunque el vertedero no está operativo, todavía no se ha sellado su clausura, lo cual depende de las negociaciones en curso", apunta la Agencia.

La Plataforma Rubí Sense Abocadors corrobora que la actividad se ha reducido desde 2019, pero denuncia más tráfico de camiones especialmente los sábados por la mañana. A pesar de que la Agència de Residus de Catalunya ha realizado inspecciones en varias ocasiones, critican que estas se llevan a cabo entre semana cuando hay menos movimiento.

¿Qué sucede si la sentencia prescribe?

Según explican fuentes municipales, el plazo para solicitar la ejecución de una sentencia depende de la interpretación legal. Según la legislación española, son cinco años. Si se aplica la legislación catalana, el plazo se extiende a diez años.

El Ayuntamiento de Rubí planea solicitar la ejecución de la sentencia antes de septiembre de 2024 y se compromete a realizar todo cuanto esté en su mano para que no prescriba. La Plataforma cree que la prescripción sería solo simbólica, pero también presionará para que este año sea el de la clausura definitiva del vertedero.

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