Justicia en el vertedero de Rubí

El TSJC da la razón al Ayuntamiento de Rubí al exigir un estudio de impacto ambiental para el vertedero de Can Balasc

La sentencia no es firme, ya que se espera que la empresa interponga un recurso de casación

Vertedero de residuos

Vertedero de residuos / Greenpeace

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó sentencia el pasado 7 de marzo del 2023 favorable al consistorio de Rubí (Vallès Occidental), pero aún no definitiva.

La justicia declara que el Ayuntamiento de Rubí actuó correctamente al denegar la aprobación previa del Proyecto de Actuación Específica del vertedero de Can Balasc porque le faltaba la presentación del Estudio de Impacto Ambiental.

Esta sentencia da la razón, por tanto, al Ayuntamiento de Rubí, aunque no se firme la empresa, AJK INVERSIONES CANTÁBRICAS Y PORTUARIAS puede interponer un recurso de casación. Esta información ha sido trasladada ya a la Mesa de Seguimiento de los Vertederos, integrada por representantes de los grupos municipales, la Plataforma Rubí Sense Vertederos, los centros educativos y las entidades y asociaciones vecinales.

El consistorio impugnó la autorización ambiental concedida a Arrins, SL, que depende de la empresa AJK para la actividad de depósito controlado de residuos no peligrosos en Can Balasc, emitida el 13 de octubre de 2020 por la Secretaría Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña.

El ayuntamiento consideró en su momento que la resolución emitida no se ajustaba a derecho y que se seguían vulnerando intereses generales, como el de la protección del medio ambiente y la salud, que es competencia municipal. Llegados a este punto, el consistorio emprendió acciones legales para revertir la situación.

La reciente sentencia del TSJC da respuesta temporalmente a la parte urbanística del vertedero de Can Balasc y revierte la sentencia del juzgado de primera instancia, que daba la razón inicialmente a la empresa AJK INVERSIONES CANTÁBRICAS Y PORTUARIAS.

En este sentido, desde el consistorio confían que la justicia exija un estudio de impacto ambiental cuando queden resueltos los contenciosos de la autorización.

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