¿La renta mínima anula o potencia?

Un reciente informe del Col·legi d'Economistes sostiene que la renta mínima de inserción (RMI) es un factor que genera dependencia y desincentiva la ocupación, lo que podría convertirla en una trampa para la pobreza, y por eso propone que las reformas del sistema público pasen del llamado welfare al workfare, que se fundamenta en subsidios vinculados a la generación de renta. El objetivo sería evitar que se cobre más por la vía de los subsidios que por la opción del trabajo, y lo que se propone es un modelo de protección social condicionado por la renta de cada uno, de modo que la ayuda social sea un complemento de lo ingresado gracias al trabajo.

a la vista de comentarios sesgados que ha generado el informe, quisiera recordar algunos factores vinculados a la RMI que históricamente han tenido su valor y que últimamente se han desvirtuado, lo que podría explicar la percepción que se tiene actualmente del programa.

En primer lugar, la RMI está definida como un programa de inserción sociolaboral, lo que significa que los receptores deben seguir un proceso educativo y formativo que les permita desarrollar competencias transversales y profesionales para ser autónomos e integrarse en el mundo laboral y social. Si esa condición se cumpliera como antaño, cada beneficiario debería firmar y cumplir un acuerdo con los servicios sociales o las entidades que realizan la función de seguimiento, apoyo y control para la consecución de los objetivos pactados. Por tanto, en ningún caso puede ser un simple mecanismo para obtener unos ingresos sin ninguna contrapartida. En los últimos tiempos, debido al incremento de la demanda y a la reducción presupuestaria, se han dejado de aplicar los criterios que establece el programa y se han desfigurado los principios básicos del mismo, pero sería un error proponer nuevos modelos sin tener en cuenta lo que funcionó bien.

En cuanto al principio tanto haces, tanto recibes que debería regir, según algunas voces, la RMI y otras prestaciones, creo que refleja un cierto desconocimiento de la realidad de las personas receptoras de dicha ayuda, ya que no se puede pensar que todas ellas están capacitadas para desarrollar un trabajo remunerado que les permita tener unos ingresos regulares y suficientes. Las razones son numerosas y de diferente tipo.

Por un lado, la reforma del mercado laboral ha incrementado la precariedad laboral, traducida en contratos temporales -a veces de un día- y salarios por debajo del umbral de la pobreza que acrecientan de un modo significativo el colectivo de trabajadores pobres. Por otro, me parece un error pensar que alcanzaremos la plena ocupación y podremos ofrecer un puesto de trabajo a todo aquel que solicite una ayuda. Muchas de estas personas no tienen la formación que requiere el mercado laboral y difícilmente consiguen una ocupación más o menos estable; a menudo tienen perfiles con déficits personales y competenciales importantes que las incapacitan para una actividad económica normalizada.

Los beneficiarios de la RMI son unos 30.000 y representan, en su mayoría, el último escalón social, en ocasiones con serias dificultades añadidas a la deficiente capacitación profesional. Para las entidades sociales, las actividades que se pactan, los cambios de actitud y los nuevos hábitos a adquirir son instrumentos para conseguir que la persona mejore sus competencias y capacidades para integrarse en la sociedad. No creemos que el trabajo deba ser un elemento de mercadeo para conseguir una ayuda, sino que debería incluir sobre todo un componente formativo que, desgraciadamente, no siempre se da; por tanto, no es la única alternativa que debería barajarse. Cuando se trabaja con colectivos con dificultades no pueden olvidarse estos condicionantes. Su integración debe contemplarlos como ciudadanos sujetos a derechos y deberes.

La relación trabajo-prestación no puede ser un principio general para todos los beneficiarios, pero sí debería aplicarse cuando las circunstancias lo permitan. Cabe recordar en este punto que antes se podía trabajar y dejar en suspenso la percepción de la RMI para retomarla de forma inmediata al finalizar el contrato laboral, o bien complementar el salario, en caso de que fuera inferior a la RMI, para mantener el nivel de ingresos. Con los recortes estas prácticas desaparecieron y las entidades sociales hemos insistido en reclamar que se reactiven; la Administración está introduciendo cambios para favorecer dicha compaginación y evitar los sinsentidos actuales, que resultan del todo incongruentes.

Ante la urgente necesidad de revisar la RMI, hay que conocer el trasfondo histórico y de experiencias acumuladas para encontrar una respuesta adecuada y realista a las necesidades de las personas más vulnerables.