El Gobierno debe dar una explicación

Se trataba, al parecer, de «una muestra singular de amistad entre los dos pueblos», según explicaron a los medios fuentes de la Zarzuela cuando, el pasado 30 de julio, el reyMohamed VIconcedió el indulto a 48 españoles presos en cárceles marroquíes y antes de que se tuviera noticia de que en esa lista estabaDaniel Galván, un pederasta condenado a 30 años por abusar de 11 niños. Después, lo que parecía una medida de gracia destinada a congraciarse con el monarca español que acababa de visitar Rabat, estuvo a punto de desembocar en una grave crisis interna en Marruecos y en un conflicto bilateral causado por las penosas explicaciones, insinuaciones y desmentidos que se han venido transmitiendo sobre esta chapuza por ambas partes y, en particular, por parte del Gobierno español.

El rey alauí -de una democracia imperfecta, incluso feudal, se dice a veces aquí- reaccionó rápido. Dijo desconocer los delitos por los que estaba condenadoGalvány revocó el indulto, obligado, eso sí, por la reacción de sus conciudadanos que, escandalizados de que el pederasta hubiera pasado en prisión solo dos de los 30 años de condena, incendiaron las redes y se echaron a las calles. Marruecos cursó a Interpol una orden de busca y captura e incluso destituyó al director de la Administración Penitenciaria. Afortunadamente, el lunesGalvánfue detenido en Murcia y ayer el juezFernando Andreu lo envió a prisión, mientras se estudia una salida al laberinto jurídico en que se ha convertido ahora el caso.

Y mientras todo esto está pasando, el Gobierno español mantiene esa mala práctica, convertida ya en costumbre, de mirar para otro lado. Se ha insinuado que tras el indulto podían estar los servicios secretos, se dijo que era un problema estrictamente marroquí y se ha acabado por admitir que el embajador de España entregó a las autoridades de Marruecos dos listas, una de indultables y otra solicitando que 30 presos cumplieran su condena en España y que en esa última lista estaba el pederasta, pero ante esas filtraciones, insinuaciones y chascarrillos, no ha habido una sola información oficial, ni del Ministerio de Asuntos Exteriores, ni del Ministerio de Justicia, ni de La Moncloa.

Vista la gravedad del caso convendría que el Gobierno aclarara algunas cosas que todavía seguimos sin saber. La más urgente, que despeje toda duda sobre si al tal Galván se le trataba de gratificar por algún servicio prestado en su supuesta condición de colaborador de los servicios de inteligencia. Pero también tendría que explicar quién colocó su nombre en la lista, si se considera que cumplía los requisitos exigibles para que pudiera cumplir su condena en España y qué medidas se adoptaron al conocer su puesta en libertad. Al menos, eso.