La rueda
No con hijas casaderas
Antoni Serra Ramoneda
Economista
ANTONI Serra Ramoneda
La selección de quién ha de ocupar la cúspide de una jerarquía es un proceso delicado. Un error puede tener consecuencias nefastas dada la importancia de las decisiones que tendrá en sus manos. De ahí que sea conveniente someter al candidato a una profunda inspección previa y escudriñar todos sus recovecos antes de proceder a su nombramiento. Los filtros deben ser severos, aunque nunca garantizan el pleno acierto del resultado. Recuérdense, por ejemplo, las indagaciones que los diputados y senadores norteamericanos hacen de su pasado público o íntimo a quien su presidente propone para una plaza en el Tribunal Supremo. En el sector privado los formalismos no son tan rígidos, pero las agencias de colocación intentan satisfacer a sus clientes con un informe que no deje resquicio alguno sobre los antecedentes de los candidatos a ocupar el sillón presidencial en su organización.
Experiencias recientes por nuestras latitudes aconsejarían una innovación. Cuando la entidad dispusiera de una vistosa propiedad inmueble, se debería eliminar de entrada o por lo menos mirar con prevención a quienes, aspirando a ser su máximo responsable, cuentan con hijas casaderas.
Cuando menos en tres ocasiones conocidas se ha comprobado cuán difícil es resistir al deseo de dar el mayor boato posible a los esponsales de una hija aunque ello comporte ser notablemente laxo en la elección de los medios para alcanzar tal fin. Recordemos tres lugares, de estos que hoy se califican de emblemáticos, donde se celebraron los enlaces matrimoniales de sendas hijas de los presidentes de las entidades propietarias: monasterio del Escorial, Palau de la Música Catalana y jardines de Cap Roig. Los asistentes a los tres actos fueron muy numerosos en cantidad y todos de alto copete, aunque seguro que hoy más de uno se arrepiente de su presencia. Los tres casos han suscitado comentarios negativos, si bien de muy distintas proporciones pues sus circunstancias difieren. Pero es cierto que ninguno de ellos figuraría como ejemplo a seguir en un manual sobre el buen gobierno. De ahí mi propuesta, cuya aplicación no parece presentar graves dificultades.
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