Ildefonso Falcones, en el banquillo por defraudar 1,4 millones de euros a Hacienda

La batalla judicial comenzó en el minuto uno con las cuestiones previas planteadas por la fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas. Qué si había documentos en inglés y griego no traducidos de forma oficial, qué si la Agencia Tributaria era competente o no para investigar negocios simulados en años prescritos, que si tal perito debía o no comparecer. Casi dos horas de debate que hacía presagiar la lucha cuerpo a cuerpo que, posteriormente, se reprodujo con los testigos se produjo. El escritor y su mujer declararán los últimos. Es decir, este jueves o el viernes.

De entrada, algunos de los testigos que ya declararon, entre ellos empleados de la editorial que publicó la Catedral del Mar y la exagente literaria del novelista, lanzaron un capote a Falcones, al afirmar, tal y como él mismo escritos defiende, que era Rafael, el hermano fallecido, el que llevaba los asuntos económico. En el juicio escuchará la declaración que hizo Rafael en el juzgado y en la que asumió la paternidad las operaciones. Tanto el escritor como su esposa se acogieron a la amnistía fiscal del 2012 y afloraron 195.000 euros cada uno de rentas no declaradas del 2009.

La cesión de los derechos de autor

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La acusación sostiene que Falcones, defendido por el abogado Emilio Zegrí, y su mujer, "a fin de evitar el pago debido de las obligaciones tributarias" y "asistidos" por el hermano, "idearon un sistema" por el que transmitieron los derechos de autor de las obras a sociedades extranjeras que aparentemente no tenían relación "formal" con el matrimonio. Así, en el 2004 el escritor cedió a una sociedad suya y de su esposa (Bufete Falcones) los derechos de 'La Catedral del Mar' a cambio de 3.000 euros. Un año después, esta firma transmitió el 80% de los derechos económicos sobre esta obra por un importe de 60.929 euros a una compañía dominicana (Inversiones Neagh).

Al año siguiente, en el 2006, Bufete Falcones encargó al escritor hasta 10 obras literarias a cambio de una retribución anual de 36.000 euros, quedándose la sociedad con el 80% de los derechos sobre las mismas. El 70% de estos derechos fueron vendidos después a la sociedad dominicana por 250.660 euros. Sin embargo, concreta la fiscalía, la cotitularidad estaban en realidad en poder de otras empresas: una irlandesa y otra chipriota. Esta última, a su vez, participada por una firma de las Islas Caimán.