La SGAE, al filo de romperse en dos mitades

Mientras Pilar Jurado está de regreso a España, tras recoger en Tokio la peor noticia que podía esperar, la expulsión de la SGAE de la CISAC, 13 miembros de su junta pertenecientes a los colegios de Audiovisuales y Gran Derecho han presentado un manifiesto pidiendo su dimisión y la convocatoria inmediata de elecciones. El bloque opositor lo componen los autores que concurrieron a las elecciones de la SGAE dentro de la candidatura ADA (Autores Dramáticos y Audiovisuales) y no solo exigen eso. También lanzan un órdago que podría determinar el devenir de la entidad: proponen iniciar en la próxima legislatura un proceso de “segregación de los colegios de Gran Derecho y Audiovisuales en una nueva entidad”. En otras palabras: dramaturgos, cineastas, guionistas, realizadores y coreógrafos quieren divorciarse de la SGAE cuanto antes.

Entre los firmantes del documento están Fermín Cabal y Antonio Onetti, dos de los cuatro vicepresidentes de la SGAE, lo cual da una medida clara de la ingobernabilidad de la entidad. No obstante, y a la espera de la respuesta de Pilar Jurado, sus votos no son suficientes para forzar la dimisión. El capital de los autores inscritos en los colegios de Gran Derecho y Audiovisuales supone un 20% del total que genera SGAE, lo cual siempre los sitúa en minoría frente a los músicos. Pero en cifras, generan unos 50 millones de euros anuales y en caso de constituirse como entidad autónoma, “sería la tercera o cuarta entidad de gestión de dramaturgos y audiovisuales del mundo”, calcula Antonio Onetti.

La SGAE, expulsada durante un año de la confederación mundial de entidades

Aunque el término divorcio suene muy drástico, una escisión de la SGAE debería plantearse y aplicarse lentamente. Es algo que ya ha ocurrido en otros países y podría seguir compartiendo edificio y recursos. “Nos acaban de echar de la CISAC cuando no tenemos nada que ver”, insiste Onetti para justificar sus deseos de escisión. El principal motivo de la expulsión de la SGAE es el desajuste en los repartos causado por la rueda, un tema que atañe al colegio de Pequeño Derecho, el de los músicos, y donde nada tiene que Gran Derecho ni Audiovisuales. Y tras el perjuicio que significa este desamparo internacional, han decidido plantear esta separación de entidades, no sin antes declarar la guerra a Jurado y recriminarle “su incapacidad para evitar la expulsión al poner en riesgo la aprobación de los nuevos estatutos en la próxima asamblea”.

Una asamblea crucial

En el manifiesto presentado por los autores de ADA y firmado por más de 40 autores, se pide que la convocatoria de elecciones se haga antes incluso de la crucial asamblea de socios del 24 de junio. Y, también, que desaparezca de la propuesta de estatutos que se votará ese día la propuesta de ampliar el tope de votos de los autores con más ingresos de 30 a 35. Esa propuesta, lanzada por los directivos del colegio de Pequeño Derecho, es calificada por dramaturgos y cineastas como una treta para aumentar el poder de los músicos alineados con la rueda, los que ahora están dominando la SGAE gracias a los ingresos y votos acumulados por su presencia constante en las madrugadas televisivas.

Hasta el momento, no ha habido reacción por parte del gabinete de Pilar Jurado ante esta petición de dimisión. Pero si no se produce algún movimiento o acercamiento de posiciones en los próximos días, es bastante complicado que se puedan aprobar los nuevos estatutos. Y eso no haría más que ratificar la expulsión de la CISAC por un año y, probablemente, precipitar la convocatoria de elecciones. Para entonces habrá pasado un año desde que en junio de 2018 esta misma asamblea de socios tumbase la gestión, las cuentas y los estatutos de José Miguel Fernández Sastrón. Todo un año perdido en el que no se habrá evitado ni la expulsión internacional ni, posiblemente, la intervención ministerial.

Multas de seis millones

Mientras tanto, siguen cayendo resoluciones desfavorables a los intereses de la SGAE. Si días atrás el Tribunal Supremo daba la razón a la Asociación de Promotores de Música que denunció a la SGAE por unas tarifas abusivas de un 10% de los ingresos por venta de entradas (en Reino Unido esa tarifa es del 3%), ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sanciona a la SGAE por abusar “de su posición de dominio en la gestión y explotación de derechos de autores y editores”, por “imponer unas condiciones estatutarias y contractuales que restringen injustificadamente la libertad de sus socios” y por vender paquetes de derechos de reproducción a establecimientos de hostelería y restauración que, al no tener desgloses de tarifas, impedían a estos locales conocer los costes reales de lo que pagaban ni compararlo con ofertas de otras entidades de gestión. En el primer litigio, la multa es de 3’1 millones de euros. En el segundo, resuelto hoy mismo, la cifra asciende a otros 2’95 millones.