El PP impone una 'ley Wert' aún más a favor de la privada y dura con el catalán

No hubo sorpresas, ni el más mínimo gesto de acercamiento. La mayoría absoluta del PP ignoró ayer, en la comisión de Educación del Congreso, el 97,8% de las más de 700 enmiendas presentadas por la oposición a la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), la controvertida ley Wert, que previsiblemente llegará el 10 de octubre al pleno de la Cámara. Las 18 propuestas (13 de UPD, cuatro de Foro Asturias y una de UPN) que finalmente han aceptado sumar los populares a las 42 suyas modifican ligeramente el texto inicial del Ministerio de Educación.

HACIA UN MODELO TRILINGÜE

El castellano, lengua vehicular del Estado

Por si a alguien le quedaba alguna duda, la LOMCE especifica que el castellano será lengua vehicular en las escuelas. O lo que es lo mismo: refuerza al ministerio en su decisión de dinamitar el modelo de inmersión lingüística de Catalunya. La ley Wert también abre el camino, tras el pacto del PP y UPD, para dar cobertura legal a un modelo trilingüe en Catalunya similar al implantado en Baleares. Aunque no establece porcentaje de reparto por materias para impartir en cada lengua, el texto permite que las asignaturas no lingüísticas, como matemáticas, se puedan dar en castellano, en la lengua cooficial y en una extranjera.

La portavoz del PP en educación, Sandra Moneo, defendió este modelo de trilingüismo como el «ideal» y «deseable en sociedades modernas», mientras el presidente de la Generalitat, Artur Mas, denunció, en una de sus intervenciones en el pleno de política general en el Parlament, que «algunos querrían que el castellano fuera la única lengua».

PRIVADA Y RELIGIÓN

Suelo público para  colegios concertados

La futura ley supone un giro adicional en beneficio de la enseñanza concertada (privada subvencionada, a la que asisten el 25% de los escolares). No solo se alargan los conciertos de los 4 años actuales a 6 años, sino que permite concertar tantos centros privados como requiera la demanda de las familias. La norma también deja claro que, como se hace ya en la Comunidad de Madrid, las administraciones podrán ceder suelo público para la construcción de centros concertados. Además, se respalda el establecimiento de conciertos con colegios que segregan a niños y niñas, unos 79 de los más de 35.000 existentes en España. «Como en tiempos del pasado, se ha subordinado la escuela pública a la privada», sentenció el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Bedera, que destacó también «el tufo a Conferencia Episcopal» de la ley, que suprime la asignatura de Educación para la Ciudadanía y eleva la Religión a materia alternativa evaluable.

AUTORIDAD DEL DOCENTE

Los maestros son «más que empleados»

La LOMCE, sobre todo tras las enmiendas de UPD, dará la consideración de autoridad pública al profesorado y los equipos directivos de los centros. Su testimonio tendrá valor probatorio y presunción de veracidad en caso de conflicto o sanción. Esto significa que en el futuro deberán ser los padres o los alumnos los que deberán probar lo contrario de los hechos que haya establecido el profesor o colegio. Este reconocimiento legal lo tienen las fuerzas de seguridad y los notarios, aunque los docentes lo obtuvieron en el 2010 en Madrid. Después varias comunidades, como Asturias, han aprobado normas similares. El tema, según denunció Bedera, «se había dejado aparcado para debatirlo en la futura ley del estatuto docente». Pero el PP entiende que era «urgente» reforzar la mermada autoridad moral y profesional, un problema que vinculan a las elevadas tasas de abandono y fracaso escolar. El portavoz de UPD, Carlos Martínez Gorriarán, justifica su apoyo porque «una ley de educación no puede ignorar su principal valor, los docentes», que, a su juicio, son «mucho más que empleados».

CLASIFICACIÓN DE COLEGIOS

Los resultados de las reválidas se publicarán

Otra novedad de última hora es que para la renovación de los directores, se tendrá en cuenta el resultado obtenido por los alumnos en las nuevas pruebas externas o reválidas, que se realizarán al final de cada etapa (en el caso de la ESO y el bachillerato, será necesario aprobarlas para la obtención del título). La diputada Sandra Moneo matizó que también se valorarán otras pruebas, «el recorrido del centro con respecto a evaluaciones anteriores y el contexto socioeconómico». El texto final de la ley Wert rechaza la petición de CiU y de otros grupos de que no se hagan públicos los resultados de las evaluaciones, para evitar comparaciones indeseadas y la estigmatización de los colegios que salen peor parados. La ley, según Moneo, «no permitirá que las clasificaciones se publiciten en los diarios u otros medios, pero se harán públicos para que los padres conozcan los resultados de los centros, cómo han evolucionado y puedan compararlos con otros», dijo.

CALENDARIO DE LA NORMA

Prisas por aplicar la ley el próximo curso

Pese a los intentos de Izquierda Plural («las prisas son malas consejeras», avisó la diputada Caridad García), del PSOE y de CiU por retrasar la entrada en vigor de la ley, el PP avaló ayer el calendario inicialmente anunciado por el ministro Wert: el próximo curso 2014-2015, los alumnos que estudien primero, tercero y quinto de primaria y primero y tercero de ESO ya estarán sujetos a la LOMCE. Así, los populares aplazan hasta junio del 2016 los primeros exámenes de reválida.