Barcelona pedirá al juez que obligue al CIE a permitir una inspección municipal

Por segunda vez en tres días, el Ayuntamiento de Barcelona ha enviado este miércoles inspectores al centro de internamiento para extranjeros (CIE) de la Zona Franca. Y por segunda vez, la Policía Nacional no les ha permitido la entrada para que pudieran comprobar si ya hay inmigrantes internados en el centro, que reabrió la semana pasada tras ocho meses cerrado por reformas. Ahora, el consistorio pedirá permiso al juez para entrar en la instalación. Se espera que el consistorio lo solicite este mismo jueves.

El CIE reabrió el pasado jueves, horas después de que el ayuntamiento ordenara su cierre por falta de licencia de actividad y por no cumplir con las medidas requeridas de protección contra incendios. Fue una clara respuesta del Ministerio del Interior, de quien depende el CIE, al reto municipal. Pero hasta que no haya internos de nuevo en su interior, el centro no está realizando la actividad por la que el ayuntamiento la reprende, por lo que no cabría actuación alguna.

LA PRIMERA VEZ

Barcelona envió el lunes por primera vez a dos inspectores de licencias del distrito de Sants-Montjuïc, que fue el que abrió el expediente que dio pie a la orden de cierre, y una letrada del consistorio. El proceso preveía una segunda visita, la que se ha producido este miércoles. Han acudido los mismos inspectores y la letrada. Esta vez, por lo menos, les han abierto la puerta y no han tenido que pasar la documentación por debajo. "A diferencia del lunes, hoy han podido firmar el acta", ha explicado el teniente de alcalde Jaume Asens. 

Ahora, según ha anunciado Asens, el siguiente paso, ante las dos negativas a permitir la inspección, será pedir autorización judicial para poder entrar al CIE. Un punto decisivo del pulso institucional abierto entre administraciones.

El Gobierno central prevé que los primeros internos llegarán al CIE de la Zona Franca la próxima semana, cuando se haya resuelto el funcionamiento del servicio de cocina.

MULTAS COERCITIVAS

Asens advirtió de que además del precinto cabría imponer multas coercitivas al centro de internamiento. El Gobierno central dejó claro que no tiene intención de ceder. Primero lo hizo con su silencio ante las advertencias municipales, y después mediante réplica directa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, que recordó a la alcaldesa, Ada Colau, que la gestión de la extranjería compete al Ejecutivo central.