El Rey prohíbe a la familia real que trabaje en la empresa privada

Felipe VI está intentando que la Corona se sacuda la mala imagen que arrastra por los diferentes escándalos de los últimos años y quiere trazar con claridad la línea que le separe de la etapa anterior, sobre todo en el apartado de la transparencia y la ejemplaridad. Para evitar que pueda repetirse un caso Nóos, el Rey ha prohibido a los miembros de la familia real que trabajen u obtengan remuneraciones de la empresa privada. Una medida a la que se sumarán, antes del 31 de diciembre, otras como la regulación de los regalos que recibe la familia real y el encargo, por primera vez, de que las cuentas de la Zarzuela sean sometidas a una auditoría externa, que realizará el cuerpo de interventores del Estado, como ya hacen la mayoría de casas reales europeas.

Con estos cambios, los miembros de la familia real tendrán que desarrollar «exclusivamente actividades de naturaleza institucional». Desde la proclamación de Felipe VI, la familia real ha quedado limitada al Rey, la reina Letizia, los reyes Juan Carlos y Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía, por lo que la medida no afectará a las infantas Elena y Cristina. De haber estado en vigor durante el reinado de Juan Carlos, Cristina no habría podido involucrarse en los negocios de su marido, Iñaki Urdangarin. En relación con Elena y Cristina, Felipe VI ha decidido que, con carácter general, «no desarrollarán actividades de carácter institucional», salvo encargos concretos del Rey y previa aprobación del Gobierno. Un portavoz de la Zarzuela negó que el caso Nóos -que investiga los negocios supuestamente irregulares de Urdangarin y por el que está imputado junto a su mujer- haya influido en esta decisión.

LEY DE TRANSPARENCIA / Asimismo, la jefatura del Estado prevé dotarse de un código de conducta para el personal de la Casa del Rey, que incluirán principios éticos que deberán seguir todos los empleados, a los que se les aplicará el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

La Zarzuela subrayó que todas estas medidas son mayores de las previstas en la ley de transparencia, que entrará en vigor en enero del año que viene y por la que se conocerán, por primera vez, los gastos de la familia real en viajes y mantenimiento de palacios, así como todos los contratos con proveedores.