Miguel Ángel Gimeno, con la ley en la mano

Habla de forma pausada y es aficionado a la lectura. Es miembro de una tertulia literaria. El senderismo por la montaña (en invierno por la nieve) le permite no solo hacer deporte, sino relajarse y aislarse. Los momentos de silencio le reconfortan. El nuevo director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel GimenoMiguel Ángel Gimeno (Binéfar, Huesca, 1950) tomará posesión de su cargo este martes. Es un hombre de izquierdas y, sobre todo, de leyes. Su principal misión será devolver la confianza en una institución cuya imagen ha quedado tocada tras la destitución el pasado 29 de junio de Daniel de Alfonso por su polémica (y grabada) conversación con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Gimeno ha demostrado su perfil institucional durante su presidencia en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), cargó que desempeñó desde el 2010 hasta febrero del 2016, cuando fue sustituido por José María Barrientos. Se presentó a la reelección, pero no la logró. La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, le achacaba cierta pasividad en la instrucción de la causa contra el 'expresident' Artur Mas por la consulta del 9-N.

EL 'PROCÉS' Y LA JUDICATURA

Precisamente, el debate independentista se coló a principios del 2016 en un ámbito que a priori debería ser ajeno a las discusiones políticas, como es el estamento judicial. Fue durante el último proceso de selección para ocupar la plaza de presidente del TSJC. El 12 de enero del 2016, los tres aspirantes, Gimeno, Barrientos y Fernando Lacaba, presentaron su plan de gobierno ante el CGPJ y todos hablaron también del proceso soberanista.

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A pesar de que Gimeno no se refirió directamente, fue preguntado al final de su comparecencia. El jurista, que había sido portavoz de la progresista asociación Jueces para la Democracia, en la que milita desde hace años, afirmó que no contemplaba una desconexión de Catalunya del Estado y recordó que los miembros del Poder Judicial no debe convertirse en “actores políticos”, sino que deben centrarse en aplicar la ley y en “la defensa de la constitucionalidad”. No solo eso. Resaltó también que los jueces no pueden ser “protagonistas”, por lo que no deben replicar manifestaciones de políticos. "No contemplo un escenario de ruptura porque creo que el Estado tiene medios suficientes para actuar en consecuencia”, dijo.

VINCULOS CON LOS CIUDADANOS Y LAS INSTITUCIONES

En su programa de gobierno, este magistrado de larga trayectoria profesional escribió que era fundamental “establecer vínculos de proximidad con los ciudadanos que viven en Catalunya, sus instituciones y con la sociedad civil a la que, a la postre, se sirve”. Esta labor la potenció durante su mandato frente al TSJC. Mantuvo buenas relaciones con la Generalitat y, en especial, con la Conselleria de Justícia que, en su útima etapa, dirigía Germà Gordó. Gimeno es consciente, según ha defendido, de que “esta aproximación y vinculación institucional con la sociedad catalana solo puede hacerse desde el explícito reconocimiento de su peculiaridades”.

Además de su papel en la causa del 9-N, Gimeno ha sido autor de algunas decisiones controvertidas en procesos que afectan a políticos. Emitió votos particulares en base a cuestiones técnicas sobre las sentencias que condenaron al socialista Daniel Fernández y al convergente y exalcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo, de cuya resolución fue ponente, y al que se le impusieron nueve años y medio de inhabilitación. A diferencia de sus colegas de tribunal, Gimeno consideró que Fernández no había cometido tráfico de influencias en su participación para nombrar a una exalto cargo del Govern tripartito en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, y que Crespo no debió ser condenado por prevaricación.

Irónico y amable en las formas, Gimeno siempre ha desempeñado su labor en Catalunya. Ingresó en la carrera judicial en 1983 y su primer destino fue un juzgado de El Prat de Llobregat. Después pasó por Badalona y L'Hospitalet de Llobregat, hasta que en 1989 llegó a los juzgados de Barcelona. En 1993 fue nombrado magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, y después, presidente de una sección, hasta que en el 2010 fue elegido presidente del TSJC.