El Supremo confirma la condena para el exsecretario de organización del PSC Dani Fernández por tráfico de influencias

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y cuatro meses de cárcelcondena y 60.000 euros de multa impuesta en marzo del 2015 al exsecretario de organización del PSC Daniel Fernández, al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos, y a su hermano y exconcejal Francisco Bustos por un delito de tráfico de influencias. Los acusados presionaron a la que fuera alcaldesa de  Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, para que se contratara a un exalto cargo de la Generalitat durante el gobierno tripartito. El alto tribunal también ha ratificado la pena de siete años de inhabilitación para cargo público para esta edil por prevaricación.

La resolución corresponde a una pieza separada del 'caso Mercuri' en relación a la contratación irregular en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac. Los hechos se remontan a abril y mayo del 2010 y se destaparon porque Manuel Bustos tenía el teléfono intervenido. El exalcalde de Sabadell pidió a la entonces alcaldesa de Montcada que alterara un concurso público y contratara a Carmina Llumà, exsecretaria general de Política Territorial de la Generalitat.

PROCESO DE SELECCIÓN

La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de marzo del 2015, ahora confirmada por el Supremo, detallaba que Bustos y Fernández abordaron y asediaron de manera reiterada a María Elena Pérez para convencerla de que contratara a Llumà. La resolución recordaba que el proceso de selección se tenía que desarrollar ante un tribunal técnico y la entonces edil tan solo tenía que designar a la candidata mejor valorada, sin potestad para influenciar en la decisión final.

Ante las presiones, Pérez se vio obligada a forzar el cambio del informe de la empresa asesora para incorporar a la exalto cargo.  Los magistrados destacaron que los acusados eran "plenamente conscientes de que, con su comportamiento, estaban infringiendo las reglas del proceso público de selección y vertían a la alcaldesa a dictar una resolución manifiestamente injusta y contraria a los principios que deben guiar la actuación de cualquier administración propia de un Estado de derecho".