El órdago soberanista

Mas desaira a Santamaría

El presidente de la CEOE, Juan Rossell, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, el 'conseller' Puig y el presidente de Foment, Gay de Montellà, ayer en la entrega de premios de la patronal.

El presidente de la CEOE, Juan Rossell, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, el 'conseller' Puig y el presidente de Foment, Gay de Montellà, ayer en la entrega de premios de la patronal.

JOSE RICO
BARCELONA

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El enconado conflicto entre los gobiernos español y catalán escribió ayer la crónica de un insólito desaire que ejemplificó gráficamente el frágil estado de las relaciones entre ambas administraciones en pleno órdago por el Estado propio. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, plantó a la número dos del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, en un acto que debían compartir en Barcelona. Y lo hizo en la sede de la patronal Foment del Treball, o lo que es lo mismo, ante la plana mayor del empresariado catalán, el sector más inquieto por la falta de diálogo entre ambos ejecutivos y por el devenir del proceso soberanista. El argumento de Mas para borrarse de la cita fue un agravio. En este caso, no económico, sino simbólico, pero con un simbolismo acentuado en el contexto actual. Una discrepancia en la interpretación del rígido protocolo que suele marcar estos eventos, y que situaba al president por detrás de la vicepresidenta. A la Generalitat por detrás del Estado.

Faltaba hora y media para que comenzase el acto, la entrega anual de las medallas de honor de Foment del Treball y los premios Carles Ferrer Salat, con los que la patronal reconoce la actividad de empresarios, empresas y entidades, cuando Presidència de la Generalitat excusaba la presencia de Mas ante la patronal catalana. La decisión culminaba 24 horas de tira y afloja entre ambos gobiernos, cuyo desencuentro tuvo su origen en la exigencia del Ejecutivo catalán de que Mas debía presidir el acto, y por tanto clausurarlo, pues su rango es superior al de la número dos del Gobierno central.

Según fuentes de la Generalitat, desde un primer momento se había acordado que Mas intervendría después de Santamaría, pero, a última hora del miércoles, la Moncloa informó de que debía invertirse el orden del protocolo porque la vicepresidenta asistiría como presidenta del Gobierno en funciones, puesto que Mariano Rajoy se encontraría ya a esa hora volando hacia Panamá, donde hoy se inaugurará la Cumbre Iberoamericana.

Fuentes del PP aseguraron que la Generalitat llegó a reclamar al Ejecutivo central que le facilitase el decreto del BOE en el que Rajoy delegaba sus funciones en Santamaría, un trámite habitual cuando el presidente se encuentra fuera de España. La Generalitat rechazó los argumentos de la Moncloa y alegó que Mas no acude a ningún acto que no presida, salvo en tres casos: cuando asisten el Rey, el Príncipe o el presidente del Gobierno. Ninguna de las partes cedió y, al final, Mas declinó su participación y delegó la representación del Ejecutivo catalán en el conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig.

SITUACIÓN «LÍMITE» / Fuentes del Ejecutivo catalán insistieron en que se había impedido al presidente de la Generalitat presidir el acto y que en 35 años no había pasado nunca. Estas mismas fuentes acusaron al Gobierno central de haber llevado «al límite» el protocolo y consideraron que el incidente «no es una anécdota». Lo enmarcaron en la estrategia del PP para «disminuir el papel de la Generalitat» e intentar neutralizar el proceso soberanista.

Así, los empresarios fueron testigos del nuevo desplante entre administraciones, que se produjo en la sede de la entidad que se ha mostrado más refractaria con la consulta. Foment del Treball declinó sumarse al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, aunque aceptó suscribir el documento a favor de un referendo legal redactado por el expresidente del Parlament Joan Rigol. Fuentes de la patronal catalana reconocieron su «sorpresa» por el incidente, que coincide con la ofensiva abierta por el Govern por explicar a los cuatro vientos los 9.375 millones de euros que le adeuda el Estado en incumplimientos con Catalunya. Y horas antes del desaire de Mas, la Moncloa había remitido a la UE un plan presupuestario para el 2014 y el 2015 que prevé exigir a las comunidades autónomas un nuevo recorte total de 8.631 millones de euros en los próximos dos años.

A la inquietud patronal le puso voz el presidente de Foment, Joaquim Gay de Montellà. «La inestabilidad institucional no ayuda a superar esta situación económica difícil. Los puentes de diálogo se han transitado muy poco. Y los empresarios queremos que no se destruyan, porque, si eso pasase, sería muy difícil reconstruirlos», alertó en ausencia ya no solo de Mas, sino también de Santamaría, que no se quedó a la cena.

La vicepresidenta no hizo alusión alguna al desplante del president, reiteró sus llamamientos habituales a la «responsabilidad» y a «trabajar juntos por la concordia y la convivencia», aunque subrayó la necesidad de «generar certidumbres» y de actuar «con lealtad institucional» por el «bien común». Minutos antes, Puig había defendido que la economía catalana requiere de «estructuras de Estado» para preservar su «identidad nacional».