Ley electoral: ¿la última oportunidad?

Contra reloj y a todo o nada. Así se arriesgan a jugar los partidos catalanes la partida definitiva de la ley electoral. Aunque primero se inclinaban por evitar el angosto debate y centrarse en los aledaños de la norma, los grupos se atreverán por enésima vez a intentar acordar un sistema electoral. Lo que han intentado decenas de veces y decenas de veces han fracasado buscan ahora hacerlo realidad en los poco más de cinco meses que quedan de curso parlamentario. No es raro, pues, que en la ponencia cunda el escepticismo, y más cuando el PSC, cuyo apoyo es clave para sacar adelante la norma, volvió ayer a la casilla de salida al advertir de que rechazará el texto si no incorpora un modelo electoral propio.

Los socialistas flexibilizaron su posición el pasado 30 de enero, día en que se reabrió la ponencia tras ocho meses paralizada, y se avinieron a negociar el resto de la norma para que pudiera ver la luz, al menos, la administración electoral catalana y nuevas medidas de transparencia y fomento de la participación, aunque se mantuviese la Ley d'Hondt como fórmula electoral. Pero los negociadores del PSC, Celestino Corbacho y David Pérez, dejaron claro ayer que no se sumarán al pacto si no hay una ley «entera».

Será el próximo viernes cuando los ponentes desempolven las propuestas de sistema de reparto de escaños que varios grupos han planteado en el pasado e intenten acercar unas posiciones hasta ahora incompatibles entre las fuerzas que, como a CiU y ERC, les interesa blindar el actual sesgo electoral a favor de los territorios menos poblados y las que, como el PSC, ICV-EUiA y Ciutadans, defienden aumentar la proporcionalidad en beneficio de las comarcas metropolitanas.

Pero más allá de este equilibrio de fuerzas, ICV comparte con CiU y ERC la voluntad de aprobar la ley aunque no se reforme el sistema electoral, o se le apliquen solo leves retoques, como las listas desbloqueadas. Los tres grupos alertaron ayer al PSC de que piensan someter a votación un texto en el pleno, estrategia con que buscarían retratar los socialistas como bloqueadores de la ley, que requiere 90 votos para ser ratificada.

Lo que sí tienen lista ya los partidos es la sindicatura electoral catalana, que estaría formada por juristas y expertos, con prevalencia de los primeros. Aún quedan flecos en el régimen de incompatibilidades. Algunos grupos proponen que los diputados no puedan ser a la vez senadores ni alcaldes, y que deban estar censados en la circunscripción. Otras fuerzas ven innecesario fijar todo esto por ley.