El pacto Mas-Junqueras reabre la negociación de la ley electoral

Después de tres décadas encadenando un fracaso detrás de otro con la ley electoral catalana, el Govern quiere apuntarse el tanto en los seis meses que restan de legislatura. Uno de los puntos del acuerdo que alcanzaron la semana pasada Artur Mas y Oriol Junqueras es alumbrar una autoridad electoral propia que regule los comicios en Catalunya. Con este objetivo, CiU ya se ha puesto en contacto con los grupos parlamentarios para emplazarles a retomar las negociaciones en la ponencia que se abrió el 14 de febrero del 2013, pero que lleva congelada desde el 5 de mayo del año pasado.

En realidad, el pacto es más sencillo de lo que parece por dos razones. La primera es que los grupos dejaron ya encarrilado un borrador de lo que sería la futura junta electoral catalana, incluyendo el procedimiento de designación, sus funciones y los mecanismos de control. Además, la ponencia también había consensuado un conjunto de medidas en pos de la transparencia --como endurecer el régimen de incompatibilidades--, de fomento de la participación --como la ampliación del horario de votación y el voto electrónico-- y de ahorro económico --como el envío conjunto de la propaganda y el recorte del gasto para las campañas--.

El segundo motivo que allana las posibilidades de acuerdo es que CiU y ERC coinciden en excluir de las negociaciones el apartado de la ley que ha hecho imposible el consenso en tres décadas: la fórmula para transformar los votos en diputados. Fruto del acuerdo entre Mas y Junqueras para acelerar varias leyes en el Parlament, los convergentes se han visto obligados a rectificar su rechazo inicial a reformar los aspectos aledaños de la norma sin modificar la fórmula de la Ley d'Hondt, opción que ICV-EUiA había propuesto sin éxito en varias ocasiones en las diferentes intentonas negociadoras.

Así, los grupos esquivarán el perpetuo encontronazo entre las fuerzas que, como a CiU y ERC, les interesa blindar el actual sesgo electoral a favor de los territorios menos poblados y aquellas que, como el PSC, ICV-EUiA y Ciutadans, aspiran a aumentar la proporcionalidad del sistema en beneficio de las comarcas metropolitanas. Los socialistas han puesto ya el grito en el cielo por este cambio de estrategia, hasta el punto de que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, usó ayer su turno en la sesión de control al 'president' para acusar a Mas de querer aprobar una reforma descafeinada de la ley electoral para "ahorrarse la mayoría de dos tercios necesaria para sacarla adelante", es decir, sin los socialistas.

90 DIPUTADOS EN TODO CASO

Sin embargo, fuentes de los servicios jurídicos del Parlament consultadas por la ponencia aseguran que cualquier cambio en la legislación en materia electoral, aunque no se modifique la fórmula electoral, requiere esa mayoría reforzada de 90 diputados, que en el hemiciclo actual obliga a CiU, ERC e ICV-EUiA a sumar al acuerdo, al menos, a una cuarta fuerza entre el PSC, el PPC y Ciutadans. Los dos últimos partidos no parecen demasiado predispuestos a ello, mientras que los socialistas muestran recelos por los planes de Convergència y Esquerra.

En mayo pasado, cuando encalló por enésima vez la negociación de la ley, el PSC ya rechazó aprobar solo la nueva administración electoral porque temía que el Govern pudiera utilizarla como órgano regulador de la consulta soberanista del 9-N. Según fuentes de la ponencia, ese temor ya no está justificado, razón por la cual esperan que los socialistas sean más flexibles y se avengan al acuerdo.

De todos modos, hay otros flecos de la norma por cerrar, como las primarias obligatorias para elegir a los cabezas de cartel --CiU y PPC se oponían-- y las listas desbloqueadas (que el PSC rechazaba). Y muy significativo, cara al 27-S, será ver cómo quedan reguladas la propaganda electoral, la publicidad institucional y los bloques informativos.