Espionaje a gran escala

Más de 18.000 folios de diligencias judiciales, nueve piezas de investigaciones separadas y 180 implicados en la trama. Este es el resultado de la extensa investigación, denominada Operación Pitiusa, que se ha llevado a cabo durante casi dos años en relación con una red de detectives y funcionarios que se dedicaba a la compraventa de datos reservados a gran escala.

El juez de Barcelona Fernando Luis Criado, que se encarga de la instrucción del proceso. ha citado a declarar para la próxima semana a 52 imputados, entre ellos varios detectives, cinco guardias civiles, funcionarios (Servicio de Vigilancia Aduanera del Aeropuerto de Barcelona, de la Agencia Tributaria y de la Diputación Foral de Navarra) y empresarios. Se les imputa los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y cohecho.

Esta será la primera tanda de declaraciones de un caso de tráfico de datos reservados que estalló en el 2012. En los interrogatorios está previsto que participen los  fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y Pedro Horrach, que también se encarga de la causa abierta en un juzgado de Palma de Mallorca contra Iñaki Urdangarin y viajará expresamente a Barcelona.

Decenas de topos

La trama presuntamente tenía comprado a un ejército de informadores en Hacienda, Cuerpo Nacional de Policía, Instituto Nacional de Empleo, Seguridad Social, Sanidad, Registro de la Propiedad, Tráfico, juzgados, empresas eléctricas y telefónicas y compañías aéreas.

Una de las piezas en la organización es Matías Bevilacqua, un ingeniero informático que había trabajado para el Centro Nacional de Inteligencia y que fue contratado por Urdangarin para que ordenara los correos electrónicos del caso Nóos. Otro hecho notable es el espionaje al que fue sometido Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.

Las personas que declararán a partir del lunes están imputadas en la primera pieza de la investigación.  Como cabecilla figura un intermediario residente en Cantabria que actuó entre junio del 2011 y mayo del 2012 y contaba con una amplia cartera de clientes, entre ellos empresas especializadas en informes comerciales y detectives. Para recopilar los datos contaba con la colaboración de funcionarios que cobraban cantidades en efectivo.