Torrent lidera el 'agitprop'

El Parlament se ha convertido en un juguete de agitación y propaganda en manos de su 'president', que no busca proponer un candidato efectivo, ni se atreve tampoco a desobedecer al Constitucional. Roger Torrent se gusta mucho en el papel de maestro de ceremonias y se dedica a alimentar el victimismo mientras JxCat y ERC no logren sacar adelante una investidura de verdad. La hipótesis de volver a las urnas coge fuerza en función de lo que pueda acabar sucediendo en Alemania con Carles Puigdemont.

Entre tanto, como el próximo domingo hay otra manifestación por los presos, nada mejor que convocar un nuevo pleno de investidura fantasma que Torrent utilizará como caja de resonancia contra la justicia española y para llamar a la calle. Esta vez para denunciar que se está vulnerando una supuesta resolución de urgencia nada menos que de Naciones Unidas, cuyas "medidas cautelares", afirma, deberían permitir que Jordi Sànchez asistiera al Parlament. De nuevo, un bulo independentista.

Ni medidas cautelares ni resolución de urgencia. Estamos ante una mera admisión a trámite de una queja y una respuesta formal en la que se especifica que el Comité de Derechos Humanos de la ONU "no ha tomado ninguna decisión sobre la sustancia del asunto". Para estudiar si la denuncia es admisible, dicho organismo ha pedido información al Gobierno español, que tiene seis meses para contestar, mientras le recuerda, sin que eso prejuzgue nada, que tiene que "respetar los derechos políticos" del denunciante.

Esa formalidad ha sido descontextualizada para agitar la propaganda. El grupo periodístico Maldita.es, que colabora con 'El Objetivo' de La Sexta, y que tiene una sección dedicada a desmentir bulos, le ha dedicado la entrada '¿Qué sabemos del documento de la ONU sobre Sànchez?', que Torrent debería leer antes de que en el Parlament se le afee esa burda manipulación.

Los independentistas y los comunes afirman que Sànchez está siendo privado de sus derechos, sosteniendo con ello la disparatada tesis de la existencia de presos políticos. Pero Naciones Unidas no ha dicho eso y la justicia alemana ha negado que Puigdemont sufra persecución política en España para descartar de entrada, como pedían sus abogados, la extradición.

Sin duda los jueces de Schlewsig-Holstein han infringido un varapalo a la tesis de la rebelión. No porque nieguen la violencia, incluso señalan la responsabilidad personal de Puigdemont por seguir adelante con el referéndum pese al aviso de los Mossos, sino porque la doctrina alemana considera que el delito de alzamiento ha de tener las características de un rebelión armada capaz de doblegar al poder constitucional.

Es una visión clásica de las insurrecciones que no sirve para entender lo que ha pasado en Catalunya. Es dudoso también que estén aplicando correctamente el principio de confianza mutua entre estados que implica la euroorden. Lo que ocurre es que mientras los independentistas se dedican en cuerpo y alma a internacionalizar su causa, España afronta la mayor crisis política en democracia con el Gobierno de Mariano Rajoy, el más inepto y gandul desde 1977.