La paga extra del 26-J

Europa, como estaba anunciado, amonestó al Gobierno de Mariano Rajoy por rebasar con electoralismo y alevosía el objetivo de déficit fijado para (y aceptado por) España, al tiempo que obsequiaba a sus electores con una rebaja del IRPF que esquilmó las ya exhaustas arcas públicas. Pero la experiencia demuestra que el político español es el ser vivo que más veces tropieza con la misma piedra, así que no es de extrañar que, en puertas de que el tacticismo de la nueva y la vieja política aboque al país a nuevos comicios, los populares vuelvan por sus fueros y prodiguen regalías a sus potenciales electores.

Mientras Bruselas desliza que está dispuesta a flexibilizar el ritmo de reducción del déficit público a cambio de que, esta vez sí, España adopte medidas creíbles para domeñarlo, el Ejecutivo ha anunciado a los sindicatos del sector público que este mismo mes abonará a los funcionarios de la Administración central del Estado la mitad de la paga extra de Navidad pendiente desde el 2012. Más de 400 millones de euros a repartir entre 227.000 votantes/empleados públicos, coincidiendo con la previsible convocatoria de las generales del 26 de junio.

Cumple así el Gobierno con un compromiso adquirido hace tres años pero periodificado al compás de las citas electorales: abonó un 25% de la paga antes de las municipales del pasado mayo y otro tanto en puertas de las generales de diciembre. Lo hace, eso sí, después de anunciar un ajuste del gasto estatal de 2.000 millones, aún por concretar, y al tiempo que presiona a las comunidades autónomas para que rebañen todavía más sus presupuestos, mayoritariamente destinados a políticas sociales. Entretanto, los funcionarios autonómicos, a los que también se privó de su paga, tendrán que seguir esperando.

Árnica y confianza

España no ha cumplido en estos años, ni lo hará en los venideros, ninguno de los objetivos de déficit fijados por la UE, y el Ejecutivo ya ha rebajado sus fantasiosas previsiones de crecimiento y reducción del paro. Con este dudoso aval se presentará en mayo, en Bruselas, para pedir más árnica. Y en junio, ante los electores, para renovar su confianza.