AJUSTE DEL DÉFICIT
Montoro anuncia un recorte de 2.000 millones de gasto del Estado
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
ROSA MARÍA SÁNCHEZ / MADRID
El Gobierno aplicará este año un recorte del gasto del Estado de 2.000 millones de euros con el fin de contribuir a la reducción del déficit público y evitar el procedimiento sancionador con el que amenaza la Comisión Europea. El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ha anunciado esta medida inesperada, que técnicamente se articula mediante un acuerdo de no disponibilidad de crédito, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha explicado que aunque la Recomendación Autónoma de la CE apuntaba a las autonomías como objeto del ajuste necesario, "el Gobierno da un primer paso".
Con este ajuste de 2.000 millones el Gobierno central pretende dar ejemplo a los responsables autonómicos, con los que se reune en la tarde de este viernes en el Consejo de Política Fiscal y FinancieraConsejo de Política Fiscal y Financiera. Buena parte de ellos -incluida la Generalitat de Catalunya- han avanzado que desobedecerán la exigencia de Montoro de acometer nuevos ajustes esta año. Muchas de ellas recuerdan, además, que el Estado se reserva la mayor pare del margen de déficit. Con la decisión del Gobierno, este se adelanta y busca dar ejemplo al conjunto de las autonomías.
{"zeta-legacy-despiece-vertical":{"title":"La deuda p\u00fablica super\u00f3 el 100% del PIB en febrero","text":"Desde el inicio de la crisis econ\u00f3mica en 2008, la deuda del conjunto de las administraciones p\u00fablicas no ha dejado de crecer y as\u00ed lo ha hecho tambi\u00e9n en el conjunto de 2015, aunque en porcentaje del PIB cay\u00f3 por primera vez desde ese a\u00f1o. El Gobierno prev\u00e9 que empiece a reducirse a partir de 2016."}}
Según el acuerdo del Consejo de Ministros, el recorte del gasto del Estado no afectará a partidas sociales como las pensiones o la prestación por desempleo. Tampoco se recortarán las becas ni las transferencias a ADIF destinadas a gastos de mantenimiento. "No afectará ni al gasto social ni a las partidas destinadas a seguridad", ha dicho Montoro. Un total de 950 millones se recortarán de la partida de activos financieros de los ministerios de Economía, Industria y Fomento. El resto del ajuste se acometerá de forma proporcional entre los ministerios en el resto de partidas.
DESVÍO DEL DÉFICIT
La necesidad de ajustes en los distintos niveles de la administración pública deriva del incumplimiento del objetivo de déficit en el 2015, año en el que se situó en el 5% del PIB, frente a un objetivo del 4,2%. La fuerte desviación, que inicialmente se anunció como del 5,16%, ha activado el envío a España de una "recomendación autónoma" por parte de la Comisión Europea en la que se exigen medidas correctoras a riesgo de iniciar un procedimiento sancionador.
Las principales desviaciones se concentraron en el ámbito de las comunidades autónomas (déficit del 1,7% frente a un objetivo del 0,7%) y de la Seguridad Social (1,26% frente a un objetivo del 0,6%). Las corporaciones locales compensaron parcialmente esta desviación con un superávit equivalente al 0,4% del PIB. La administración central también mejoró su objetivo, con un déficit del 2,5% del PIB, dos décimas por debajo del objetivo previsto.
REBAJA FISCAL DE 6.000 MILLONES
Pese al cumplimiento del objetivo de déficit, el Estado no cumplió la regla de gasto (ni ninguna otra administración), según ha reconocido el propio ministro y eso es lo que, según ha explicado, justifica el recorte anunciado de 2.000 millones de euros.
El incumplimiento de la regla de gasto en el Estado se deriva de la doble reforma fiscal adoptada por el Gobierno en el 2015 y que restó 6.000 millones de ingresos a la recaudación total (6 décimas de PIB). La regla de gasto impone que toda rebaja fiscal debe ir acompañada de un recorte similar del gasto, algo que el Gobierno no cumplió en el 2015.
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