Fraude

«Por favor, no abran la puerta a nadie desconocido. El Ayuntamiento de Barcelona y los hoteles están haciendo inspecciones ilegales en los apartamentos». Así empieza el falaz mensaje que Mark Serra (notorio hooligan independentista en las redes, militante del PDECat y exponente de la alt-right catalana) entrega a los turistas a los que alquila su supuesto piso. Solo que, tal como destapó una asociación vecinal del Casc Antic (ABTS), ni él es el propietario de ese inmueble ni del resto de los 11 pisos turísticos ilegales que se encarga de gestionar en persona. También, en persona, cobra la tasa turística.

No se puede acusar a Serra de no ir a cara descubierta. Lo hace en las redes, con predilección por palabras como «traidores», «asco» o «vergüenza», y también en las calles como sospechoso intermediario inmobiliario fraudulento. Su desinhibido modo de actuar es un síntoma de la impunidad con la que el lobi inmobiliario cree que puede moverse en Barcelona. Los pisos turísticos ilegales o los inversores que compran edificios con bichos (inquilinos a los que fuerzan a abandonar la casa) son dos de las múltiples caras de una extorsión que expulsa a los vecinos de sus barrios, despoja a los más débiles de sus derechos y dispara los precios de la vivienda. Mientras el ayuntamiento anda inmerso en una cruzada contra el fraude, Serra asegura que todo se trata de una venganza política. La bandera ya no da para tapar tanta vergüenza.