Una propuesta de hoja de ruta

Economía con luces largas

Los ciudadanos debemos saber que los sacrificios que hacemos servirán para algo que valga la pena

GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS

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La coyuntura a veces limita en demasía el horizonte, y sin levantar la mirada no se adquiere perspectiva. Hemos de saber que los sacrificios servirán para algo que valga la pena. En este contexto, las siguientes reflexiones tienen la intención de conjugar voluntades cuando predomina la polarización. Se ofrecen a modo de guía de actuación a partir de las especificidades de cada cual, pero consensuables en el mayor de sus denominadores comunes.

Un país en el que quien tiene trabajo busca la prejubilación y quien no tiene trabajo no tiene oportunidad alguna de acceder a él es un país desquiciado. Una sociedad en la que los jóvenes, con el mejor capital humano de la historia reciente, no pueden desplegar su potencial productivo y emprendedor, colapsado el mercado de trabajo por una dualización extrema, es una sociedad sin futuro. Unos partidos incapaces de alcanzar grandes consensos parlamentarios ante los complejos retos que afronta la economía, al menos sí deberían precisar una agenda de decisiones que respondan a causas justas, con su debido calendario, separando así la política con mayúscula de las contiendas electorales. De otro modo se acaba renunciando a hojas de ruta creíbles y a marcos jurídicos estables para un despliegue empresarial que garantice el bienestar social con plena transparencia democrática.

Los analistas de uno y  otro signo no deberían afrontar con acritud estos problemas, u otros que puedan aparecer, sin ser capaces de ofrecer recomendaciones alternativas factibles y en positivo. Ni más preguntas que respuestas, ni preguntas sin respuestas cuando en realidad estas pecan de una pobre formulación.

No es aceptable que nuestros empleados públicos que ejercen en áreas de la sociedad del conocimiento mantengan una posición ajena a los problemas del empleador y responsable de la financiación pública sin asumir, en contrapartida, mayores cotas individuales y colectivas de autonomía de gestión responsable. Dignificar el concepto de emprendedor y la formación empresarial en su conjunto ha de fortalecerse con la autolimitación de incentivos extrínsecos (monetarios) para favorecer los intrínsecos (satisfacción con las tareas realizadas) y un mayor reconocimiento social.

Toda regulación de carácter preventivo debería probar un coste/eficiencia que reduzca la probabilidad de que suceda el peor resultado social posible. Por tanto, una sociedad que madura a golpes de realismo ha de entender que no se puede hablar de prestaciones sin identificar su financiación. Nada es gratuito, y ante las decisiones complejas el análisis ha de orientarse a conocer quiénes serán los beneficiarios del gasto y sobre quién recaerá la carga financiera resultante, para garantizar así que la redistribución tenga contenido social. Un responsable de política económica no puede ignorar que los ingresos ordinarios solo pueden asegurar la financiación de gastos ordinarios o recurrentes, y que el único déficit público justificable es el que responde a inversiones que despliegan beneficios a medio y largo plazo y sean autofinanciables.

La solidaridad intergeneracional abarca no solo los procesos de preservación del medioambiente y la calidad de vida en general para las futuras generaciones, sino también la custodia de un endeudamiento aceptable que no traslade a esas generaciones costes financieros que no podrán asumir. En este sentido, la actuación pública como guía de orientación debería requerir la valoración de los costes y beneficios públicos no solo en lo que se entiende por presupuesto administrativo, sino también en lo que se traslada a la ciudadanía en forma de regulación, ingresos mandatados y gastos tutelados. No solo la Administración es Estado ni solo lo público es social.

La diversidad es una riqueza si se acompaña de responsabilidad. Permite la experimentación, la innovación y la emulación de las mejores prácticas. Es coherente con la libertad, el esfuerzo y la responsabilidad financiera individual y/o colectiva, fiscal. Una sociedad meritocrática se legitima por la plena garantía por los poderes públicos de la igualdad de acceso. La educación, en especial en los estadios iniciales de la vida, resulta decisiva. Así se construye efectivamente el capital social de un país.

En la dureza del momento actual que le toca vivir a nuestra sociedad ha de ser más explícito que nunca que la reactivación y la austeridad son la mejor aportación a la credibilidad de nuestra moneda única, que los mercados hoy contemplan amenazada por la falta de consolidación fiscal de algunos países. Pero en correspondencia con lo anterior, quid pro quo, cabe esperar una Europa solidaria que permita políticas económicas abiertas al consumo exterior, fuera de sus fronteras propias y ajenas a la conveniencia de un solo país. 

Catedrático de Hacienda Pública (UPF).