LA CLAVE
¡Convenza a las víctimas!
Capitalizar con la prisión permanente el dolor de los afectados por crímenes mediáticos va contra la letra y el espíritu de la Constitución
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC HERNÀNDEZ
El Congreso ha iniciado la derogación de la prisión permanente revisable impuesta en el 2015 por el rodillo parlamentario del PP, que el Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía juzgaron inconstitucional y el Consejo de Estado, inoportuna. El Constitucional no ha dicho la última palabra, lo que no es óbice para que las fuerzas que entonces la rechazaron, hoy mayoritarias, impulsen su abolición.
Las posiciones del PP y Ciudadanos, que postulan en solitario la vigencia de la reforma penal, merecen análisis diferenciados. Al partido de Mariano Rajoy --que en el 2010 no tenía reparos en hablar de "cadena perpetua"--, la defensa de su obra legislativa se le supone, como el valor en el Ejército. Congruencia que no se vislumbra en el partido de Albert Rivera.
En solo cinco meses, C's ha pasado de defender la supresión de una figura "demagoga hasta en su denominación, porque es la cadena perpetua", a censurar su "derogación en caliente". Traducido: que si hay que derogarla se deroga, pero no justo ahora, con el asesinato del niño Gabriel Cruz ocupando horas y horas de televisión.
Más explícito fue el portavoz del PP en el debate parlamentario. José Antonio Bermúdez de Castro señaló a la tribuna de invitados, que acogía a familiares de víctimas mediáticas como Diana Quer, Mariluz Cortés o Marta del Castillo, para interpelar al portavoz socialista: "No me convenza a mí. ¡Convénzalos a ellos!"
La derecha suele escudarse tras las víctimas para legitimar sus pulsiones legislativas y desarmar al adversario; ya lo hizo una década atrás a cuenta del diálogo con ETA. Lo que llama la atención es el desparpajo con el que pretende capitalizar el dolor ajeno, haciendo caso omiso de la Constitución que tanto dice defender.
Al regular la recogida de firmas para promover reformas legales, la Carta Magna excluye las materias que afecten a derechos fundamentales, para evitar que su defensa quede al albur del estado de ánimo social. No previó el constituyente que los propios partidos se abonaran al populismo punitivo.
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