La canciller y defensor del pueblo viajan a frontera colombiana con Venezuela

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, y el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, han viajado este lunes a la ciudad de Cúcuta para conocer la situación que se presenta por el cierre de la frontera ordenado el pasado jueves por las autoridades de Venezuela, han informado fuente oficiales.

Holguín y Otálora examinarán la crisis causada por la deportación de cerca de 400 colombianos, entre ellos 42 menores de edad. La Defensoría del Pueblo rechazó estas medidas de expulsión, sobre la que dijo que "más allá de las disposiciones administrativas y legales autónomas en cada nación, existen situaciones que vulneran los derechos fundamentales de los connacionales".

El pasado jueves los pasos entre el departamento de Norte de Santander (Colombia) y el estado de Táchira (Venezuela) fueron cerrados por orden de las autoridades del vecino país tras un ataque de presuntos contrabandistas contra militares venezolanos en el que fueron heridos tres uniformados y un civil.

Tras el cierre de la frontera, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha decretado el estado de excepción en el estado de Táchira por 60 días prorrogables, que entró en vigor el sábado, y cerró "hasta nuevo aviso" todos los pasos fronterizos con Colombia, según las autoridades de esa región, por ser usada por contrabandistas y paramilitares.

El viernes pasado la canciller Holguín había manifestado que el cierre de la frontera colombo-venezolana era "una decisión soberana". 

Entre tanto, en las últimas horas la Defensoría gestionó albergue temporal para 180 ciudadanos que cruzaron por una trocha aledaña al puente internacional Simón Bolívar y que al no tener refugio solicitaron intervención humanitaria.

Según los registros oficiales, son más de 390 las personas que fueron obligadas a abandonar sus sitios de residencia en barrios como Mi Pequeña Barinas, Antonio José de Sucre y Ezequiel Zamora, al otro lado de la frontera, agrega la información.

Entre las personas expulsadas de Venezuela hay 42 niños y adolescentes, mientras que otros 34 menores de edad debieron quedarse en el vecino país sin sus familiares, de acuerdo con las quejas expresadas por los deportados.

La Defensoría recibió ayer 22 declaraciones formales de colombianos que denunciaron malos tratos, atropellos y amenazas de la Guardia Venezolana, situación que fue recogida por las autoridades diplomáticas para exigir el respeto a los derechos de los colombianos.

Un equipo del organismo defensor colombiano ya ha hecho presencia en la zona limítrofe para fortalecer las tareas humanitarias y analizar las quejas presentadas por quienes han sido objeto del éxodo forzado. Este hecho "ha fracturado decenas de hogares y ha creado incertidumbre de los niños y adolescentes que permanecen en territorio venezolano, y ha generado serios perjuicios para la manutención de las familias y para el comercio binacional", declaró la Defensoría.