Bruselas ultima el proceso de sanciones contra España

España y Portugal están a punto de estrenar por primera vez en la UE el proceso de sanciones destinado a castigar a aquellos países que no han hecho suficientes esfuerzos para corregir el desvío del déficit público.

El gobierno de Mariano Rajoy tendría que haber cerrado 2015 con un desfase en las cuentas públicas del 4,2% pero finalmente se disparó por encima del 5% debido a las rebajas fiscales electoralistas y al descontrol autonómico. Una gestión económica que ahora está a punto de pasarle factura y que podría suponer para España una multa superior a los 2.000 millones. Según fuentes del Ejecutivo comunitario, la mayoría del colegio de comisarios entienden que ambos países se merecen avanzar en el proceso sancionador y la constatación llegará el 18 de mayo.

Es la principal conclusión del debate de orientación celebrado este pasado martes en el colegio de comisarios, en Estrasburgo, en el que quedó de manifiesto que el futuro de España y Portugal van de la mano y que a ambos países se les aplicarán medidas proporcionales a su incumplimiento.

MADRID Y LISBOA, EN LA PICOTA

Lisboa tenía de plazo hasta diciembre de 2015 para cuadrar sus cuentas que registraron un desvío del 4,4% el año pasado. España tiene hasta finales de 2016 pero ni uno ni otro, pese los reiterados avisos, adoptaron medidas estructurales para atajar el problema.

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“No hay quien cuadre las cifras”, aseguran fuentes del Ejecutivo comunitario, recalcando el malestar generado en Bruselas por las decisiones en materia de rebaja fiscal que tomó el gobierno Rajoy el año pasado. En consecuencia, España no cumplió el año pasado su objetivo de déficit y tiene todos los boletos para saltárselo también en 2016.

De ahí que al Ejecutivo comunitario no le quede más remedio que avanzar un paso más en el procedimiento y constatar que no adoptó medidas efectivas a tiempo. A esta decisión prevista para el próxim­­­o miércoles le acompañará una nueva senda para corregir el déficit público -hay distintas posturas entre quienes defienden uno o dos años adicionales- y un nuevo paquete de recomendaciones revisadas con nuevas medidas de ajuste fiscal para alcanzar los objetivos.

CAMPAÑA ELECTORAL

En la Comisión Europea son muy conscientes, no obstante, de que la decisión coincide con una nueva etapa políticamente tumultuosa en España. Con un Gobierno en funciones desde hace más de cinco meses, a las puertas de una campaña electoral que se augura reñida y a poco más de un mes de una nueva cita con las urnas, el próximo 26 de junio. De ahí el anuncio que hacía el vicepresidente Valdis Dombrovskis, durante una reunión con los parlamentarios del Partido Popular Europeo (PPE) esta semana, de que serán “muy cuidadosos” en sus decisiones. Bruselas no quiere que este asunto complique todavía más la campaña electoral y el anuncio de la multa podría retrasarse hasta principios de julio.

El calendario previsto lo permite. Según las previsiones que manejan tanto en la Comisión Europea como en el Consejo, el debate sobre la recomendación de España y Portugal no llegará a los ministros de economía y finanzas de la UE hasta la reunión del 17 de junio en Luxemburgo debido a que tiene que pasar primero por varios grupos de trabajo y no daría tiempo a incluirlo en la agenda del próximo Ecofin del 25 de mayo. 

AMAGAR Y NO DAR

Eso significa que aunque el debate sobre la sanción estaría sobre la mesa en plena campaña, la cifra podría mantenerse en el aire hasta después de la cita electoral y también de otro de los momentos políticos más complicados para Europa este año –además de la crisis de refugiados o la amenaza terrorista- como será el referéndum sobre la salida de Reino Unido de la UE previsto para el 23 de junio. “Han gestionado los tiempos perfectamente”, opina un alto funcionario responsable de lidiar con los temas económicos.

En caso de que el Ecofin diera vía libre a una recomendación negativa sobre España, Bruselas tendría posteriormente 20 días de plazo para proponer la multa por incumplimiento lo que retrasaría el acontecimiento hasta después de las elecciones. El importe está definido en el Tratado: un 0,2% del PIB de 2015 lo que significa algo más de 2.100 millones de euros en el caso de España y 360 millones en el de Portugal.

Ambos países, según rige en el reglamento, podrían pedir la anulación o la rebaja de la multa pero ese será otro debate que no llegará hasta finales de junio. Un debate que genera discrepancias en el seno de la Comisión, entre el ala más dura que defiende estrenar el uso de sanciones y quienes defienden una respuesta más blanda. “Al final amagarán, le sacarán los colores a España pero no morderán”, auguran en la casa.