proceso judicial a un banquero
Blesa insiste en recusar al juez y retrasa su investigación
Los abogados de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, insistieron ayer en recusar al juez que envió al banquero a la cárcel la semana pasada. Según los letrados, el magistrado Elpidio José Silva carece de objetividad y el auto que acabó con el ejecutivo en prisión incluía juicios de valor que lo acercaban a una sentencia condenatoria, por lo que debe ser apartado del proceso.
La petición de los abogados obligó ayer al juez a retrasar varias horas el interrogatorio previsto a los seis miembros de la cúpula financiera de Caja Madrid en la época de Blesa (Matías Amat, Ildefonso Sánchez Barcoj, Gonzalo Alcubilla, Fernando Sobrini, Juan Bartolomé y Luis Crespo) para cuestionarles por el crédito supuestamente irregular de 26,6 millones de euros que concedió la entidad al grupo Marsans, propiedad de Gerardo Díaz Ferrán.
RETRASO / Con varias horas de retraso sobre lo previsto, el imputado Sánchez Barcoj, exdirector general financiero y de riesgos de la caja, aseguró ante el juez que el comité evaluó las garantías aportadas por el exdirigente de la patronal CEOE (acciones de Marsans), pero que este les había «engañado» porque les prometió que estaban libres de cargas y luego resultó que las había pignorado en beneficio de Banesto.
También reconoció que el préstamo no contó con la autorización previa de la Comunidad de Madrid y que lo conveniente hubiera sido haber esperado a tenerla. Sin embargo, defendió que se trata de una cuestión «administrativa» y que la Consejería de Economía nunca había denegado este tipo de operaciones.
EXPEDIENTE / La recusación no es el único problema que afronta el juez. Después de darse a conocer el viernes pasado por mandar a Blesa a prisión, ha trascendido que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le abrió el pasado abril un expediente disciplinario por dos faltas muy graves (la falta de motivación de sus resoluciones y el retraso que acumula su juzgado) y otra grave (el trato desconsiderado a los funcionarios de Justicia que dependen de él).
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces destacaron aEuropa Pressque Silva acumula un nutrido historial disciplinario desde 1994. El actual expediente, que debe resolverse en seis meses para que no caduque, podría suponer su suspensión del juez, su traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.
El sindicato ultra Manos Limpias, que pidió al juez que enviara a Blesa a prisión, aseguró ayer que denunciará ante las autoridades europeas la «vergonzosa persecución».
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