Una jueza imputa un delito medioambiental a Telefónica

La juez de Barcelona Carmen García Martínez considera que hay indicios que Telefónica y el responsable en Catalunya del área inmobiliaria de la compañía pueden haber cometido un delito contra el medioambiente por el ruido y las vibraciones que provocaron unas instalaciones que la empresa tiene en la calle Boada, en el barrio de la Prosperitat.

La magistrada señala en su auto que las actividades realizadas por Telefónica en el inmueble situado en los números 2 a 18 de la calle de Boada provocaron, al menos hasta el 2012, «ruidos y vibraciones» que afectaron a los vecinos de una finca colindante. Las más perjudicados fueron dos mujeres que residían en uno de los pisos de la segunda planta y que, por culpa de esas molestias, padecieron trastornos de ansiedad y se vieron obligadas a vender su residencia. La jueza también argumenta que la empresa desatendió las órdenes expresas del Ayuntamiento de Barcelona para que corrigieran la actividad contaminante y de «cese de la actividad». La autoridad municipal llegó incluso ha acordar el precinto de las instalaciones.

Las molestias continúan

La magistrada estima que de la investigación practicada, esencialmente de las declaraciones contenidas en el atestado policial y las practicadas en el juzgado, así como toda la documentación obrante en la causa, «resultan indiciariamente» acreditados los hechos. Eso se desprende de las mediciones técnicas efectuadas en los pisos afectados, así como de las testificales de guardias urbanos que constataron los ruidos. Josep Ferrandiz, de la Asociación de Vecinos de la Prosperitat, asegura que, pese al proceso judicial, las molestias continúan y que los vecinos del inmueble están a la espera de que se resuelva definitivamente el caso.

Según se desprende del escrito de la fiscalía, Telefónica presentó al Ayuntamiento de Barcelona una petición de cambio sustancial de la actividad de las dependencias de la calle Boada y solicitó una autorización ambiental para el desarrollo de una central telefónica con oficinas y dos grupos electrógenos. Era fácilmente previsible, concluye el fiscal, que aumentarían el ruido generado desde el edificio.

Al cabo de unos meses, en julio del 2009, los técnicos municipales informaron favorablemente a la petición de esta licencia, aunque establecieron expresamente medidas para atenuar los ruidos y las vibraciones y especificaron que sería necesario un control inicial previo antes de que entraran en funcionamiento las nuevas instalaciones. Sin embargo, Telefónica puso en marcha esas dependencias sin ese control. Los ruidos y vibraciones se producían durante las 24 horas.