Los pisos turísticos podrán redistribuirse sin rebasar los 9.706 actuales

Miles de pequeños propietarios y también de inversores que aglutinan incluso decenas de los 9.706 pisos con uso turístico legales de Barcelona aguardaban con nerviosismo la decisión del gobierno de Colau sobre un controvertido sector que ha crecido sin tregua en una década. En favor de este tipo de alojamiento cuenta el haber diversificado el beneficio económico del turismo, del que ahora son partícipes muchos barceloneses. En su contra, haber generado problemas de convivencia en edificios de vecinos. Aunque el principal problema es que las Administraciones no han sabido regular su concesión a tiempo (demasiado fácil durante años) ni haber frenado la proliferación de la oferta ilegal, de la que el PEUAT apenas habla.

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El nuevo plan especial opta simplemente por poner tope a la actual oferta. En la ciudad solo se dará una nueva licencia si hay previamente una baja, y con reglas por zonas, según la misma división que se ha hecho para el resto de alojamientos. En la 1 (en esencia Ciutat Vella, el Poble Sec y parte del Eixample y de Gràcia), llamada a reducir su volumen, no se podrá abrir ningún piso turístico aunque haya bajas. Estas supuestas bajas estarán controladas por el censo de alojamiento de la ciudad, un órgano que gestionará su redistribución. Si hay una baja en la zona 2, considerada de mantenimiento, podrá darse un alta, pero sin incrementar nunca el volumen total. En cambio la 3 (en barrios más periféricos) pueden abrir nuevos pisos turísticos siempre que haya habido bajas previas en las otras dos. En la 4 (zonas en transformación) no se contempla. Es un equilibrio constante para no superar las 9.706 actuales. La apertura se complica porque las nuevas ubicaciones no podrán convivir con edificios de vecinos, solo de uso de oficinas o comerciales.

CONTROL MUNICIPAL

La concejala Janet Sanz ha destacado que las licencias no pueden traspasarse de una zona a otra entre particulares. Un trapicheo especulativo descartado, porque cuando haya una baja en una determinada dirección, será el consistorio quien decida a quién y en qué zona se da otra licencia.Solo se venderán entre particulares para el mismo piso original y cambiando el nombre en ambas titularidades.

El plan de usos de Ciutat Vella seguirá vigente, de modo que todas las licencias particulares deberán agruparse antes del 2019. Como su venta o traspaso a otra dirección están prohibidas, cuando haya bajas el ayuntamiento propiciará que esas plazas pasen a edificios agrupados.

La patronal Apartur critica que paguen justos por pecadores y que no se combata debidamente la oferta ilegal y no entiende por qué solo puede crecer la cifra de alojamiento tradicional.