El gobierno de Mataró desvincula la subida de impuestos de la desaceleración económica

El gobierno de Mataró no detecta nubarrones que amenacen su situación financiera, relativamente saneada en estos momentos después del turbulento periodo acaecido entre 2010 y 2015. “Este año ha habido una menor recaudación en impuestos como el ICIO, sí, pero es por motivos técnicos, no porque promociones que ya estaban previstas no se hayan ejecutado.  Por lo tanto no, no vemos a corto plazo un descenso de los ingresos vinculados a la construcción. En 2020 ya lo veremos, pero en estos momentos, no”, afirma el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Mataró, Juan Carlos Jerez.

Por lo tanto, siempre según la mano derecha del alcalde David Bote, el alza de impuestos y tasas previsto en las ordenanzas de 2019 -48 euros de media más por familia, especialmente por la subida de un 8% del IBI, que se congeló los dos últimos años- no obedece a una necesidad de obtener más ingresos para frenar una hipotética caída de la recaudación en IBI e ICIO (necesario para ejecutar obras) vinculada a la desaceleración económica que se vislumbra en el horizonte de la economía catalana y española.

Entonces, ¿por qué el gobierno de la capital del Maresme quiere subir los impuestos de una forma tan notoria? Hay varios motivos para argumentarlo, según Juan Carlos Jerez. El primero es el aumento del sueldo de los funcionarios en un 3,8%, una decisión del gobierno central capitaneado por Mariano Rajoy que los Ayuntamientos “se tienen que comer”. Eso solo ya representa más de dos millones de euros que habrá que consignar en el presupuesto 2020.

En segundo lugar, la coincidencia en la renovación de los contratos de la basura, de la limpieza de edificios públicos y del Mataró Bus, que hay que acometer en los próximos meses y que deberá ser al alza puesto que lo que ofrece el Ayuntamiento a las empresas que dan estos servicios parece que no es apetitoso para ellas en términos de mercado y, para convencerlas de que sigan prestando estos servicios, “habrá que poner más gasolina”, a la vez que se espera una mejora de la ejecución de los mismos. (Hay que recordar que fue Fomento de Construcciones y Contratas y no el propio Ayuntamiento -una circunstancia inédita en España- quien pidió cancelar el contrato de la basura, a partir de la reflexión de que “no le salían los números”).

Y tercero: porque el ejecutivo local cree que hay unos déficits estructurales en la ciudad que hay que seguir subsanando –a nivel muy prosaico, de calles y aceras-; es lo que el alcalde Bote ha expresado en multitud de ocasiones con aquello de “poner la ciudad al día”, después de muchos años en que la inversión corriente había sido muy baja a raíz de los problemas financieros del Ayuntamiento, que llegó a rozar en 2010 la tasa máxima de endeudamiento (110%), lo que impide gastar en nada a lo que no se esté obligado.

Además, la difícil situación en que se encuentra la ciudad en términos de paro (el Observatori Mercat de Treball del Ayuntamiento correspondiente a octubre sitúa de nuevo a la capital del Maresme como la ciudad catalana de más de 50.000 habitantes con más parados, después de algunos meses en que Manresa la había superado) lleva a pensar al ejecutivo local que hay que redoblar los esfuerzos para poner más gas a la máquina municipal; "gastar más para poder sacar la ciudad adelante". Lo que en teoría macroeconómica se define como keynesianismo aplicado al ámbito local.

Ahora, momento de debatir sobre las ordenanzas

El Gobierno municipal aprobó a finales de septiembre el decreto de anteproyecto de presupuesto y modificación de los impuestos, tasas y precios públicos para 2020 en el que anunciaba el alza de tasas e impuestos y confirmó sus intenciones con la aprobación inicial de las ordenanzas de 2019 en un pleno extraordinario celebrado el pasado 24 de octubre, en el cual toda la oposición en bloque votó en contra.

Ahora, después del proceso de enmiendas que pueden hacer los distintos partidos, el incremento tendrá que ser validado en un pleno extraordinario –ahora ya junto a los presupuestos- antes del 31 de diciembre, como es preceptivo. De momento, Esquerra Republicana -el principal grupo de la oposición- ya se ha mostrado muy crítico con la propuesta presentada por el gobierno, asegurando que castiga las clases populares de la ciudad -cree que haría falta un IBI progresivo, no lineal- y que es absurdo aprobar las ordenanzas sin saber a qué se destinarán los recursos, una crítica habitual del equipo de Francesc Teixidó. 

Ya se verá hasta donde llega el debate con la oposición durante el periodo de aprobación de ordenanzas y cuentas, pero de momento el gobierno municipal no prevé revisar a la baja su propuesta de impuestos y tasas a pesar de que, según reconoce el propio Juan Carlos Jerez, “la previsión en estos momentos ha mejorado respecto a lo que hipotetizamos tres meses atrás”.

¿En qué sentido? Pues por ejemplo porque uno de los elementos que hizo activar las alarmas en relación al 2020 del equipo que elabora las ordenanzas y los presupuestos fue la creencia, al no haber presupuestos generales del estado aprobados en 2019, que las aportaciones del gobierno central (conocidas como PIE) descenderían. Y al final no ha sido así: del mismo modo que acabó pasando con las aportaciones a las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Hacienda ha anunciado a los municipios el desatasco de estas aportaciones, con lo cual la cifra de aportación del estado a los municipios no variará.

A pesar de esta mejora en las expectativas, el gobierno bipartito de PSC y En Comú Podem Mataró prefiere pecar de prudente y afrontar las críticas por el aumento de impuestos con tal de no tentar a la suerte y volver a los fatídicos años en que el Ayuntamiento estaba atado de manos y pies a raíz de su maltrecha salud financiera.  También se arguye desde el gobierno municipal que Mataró está por debajo de la media catalana en impuestos como el ICIO, con lo cual es del todo lógico aprovechar el inicio de mandato para poder “normalizar” esta situación.

La inversión para 2020, en la línea de los últimos años

Otra forma de explicar, según Jerez, el porqué del alza de los impuestos es que el ejecutivo de David Bote cree necesario mantener el nivel de inversión en la ciudad –y no solo en lo más cotidiano- en la línea de lo que se ha hecho en los últimos tres años (en 2017 se pudieron destinar a la inversión 9 millones, en 2018, 17, y en 2019, 21). Así, en 2020 se prevén invertir cerca de 14 millones de euros financiados a crédito; los proyectos a los cuales se destinará la inversión se harán públicos en breve, en el marco de la presentación del Plan de Mandato que ultimas en estos momentos los socios de gobierno.    

Hay que tener en cuenta que estos últimos tres años significan una excepción después de un período, que le tocó bailar especialmente al alcalde Mora (2011-2015), en que la deuda del Ayuntamiento y sus empresas vinculadas (especialmente PUMSA) era de tal calibre que impidió llevar a cabo prácticamente ninguna inversión -no fue hasta 2016 que el Ayuntamiento (ya bajo el timón del alcalde Bote) pudo volver a la lógica de inversión, aunque solo fueran 600.000 euros-.

Con 305,16 millones de euros en 2010 se llegó a rozar (107,67%) el máximo de endeudamiento que permite la ley (110%), imposibilitando en los ejercicios que van del 2010 al 2015 poder invertir prácticamente nada. No en vano, la cuestión de la deuda se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza.  

En parte gracias al esfuerzo que llevó a cabo el ejecutivo de Mora y después el de Bote en el mandato en que inicialmente gobernó la sociovergencia, en estos momentos, en el ejercicio 2019, Jerez asegura que el Ayuntamiento está en un porcentaje óptimo de endeudamiento, del 73,56% -en 2020 la cifra será del 71%-, con 169,25 millones de euros. 

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