con carácter urgente
Un juez suspende la orden de Pozuelo de cerrar un piso tutelado para MENAS
El Ayuntamiento había pedido el cese de las actividades realizadas en el edificio en noviembre
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 29 de Madrid ha acordado suspender con carácter urgente la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de ordenar el cese de actividad de un piso tutelado para menores extranjeros no acompañados (MENAS) al que fueron trasladados desde el sobreocupado centro de Hortaleza.
Así consta en un auto, en el que el juez accede a las medidas cautelares reclamadas con carácter urgente por la Fundación Samu, que gestiona el citado inmueble, contra la resolución dictada el pasado 26 de noviembre por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Pozuelo.
El pasado noviembre, el Ayuntamiento comunicó a la citada fundación el cese de la actividad al no cumplir con la normativa. En el informe urbanístico, se recogía que la actividad ejercida se incluye en el uso "Equipamiento de la Clase dotacional, de la categoría salud y Bienestar Social del vigente Plan General de Ordenación urbana", "no estando dicho uso" entre los recogidos como compatibles en las edificaciones de la zona.
La alcaldesa, preocupada
Sobre el piso, la alcaldesa del municipio, Susana Pérez Quislant, mostró entonces su "sorpresa" y "preocupación" al haber tenido conocimiento del traslado de los menores a través de los vecinos. Y se quejó de que "ni la Comunidad ni la entidad encargada" de los jóvenes había comunicado al Ayuntamiento el uso que se pretende dar a la vivienda.
Ahora, el juez acuerda suspender esta orden "visto el breve plazo señalado en la propia resolución impugnada para proceder a la clausura de la actividad. Así, considera "procedente" acceder a la medida cautelar urgente, "visto que dicha clausura puede producirse en fechas inmediatas, y hallarse en juego en principio una actividad de carácter social".
En la parte dispositiva, se concede al Ayuntamiento el plazo de tres días para que alegue lo que estime oportuno sobre el mantenimiento, modificación o levantamiento de dicha medida.
En otra resolución, el juez da un plazo de veinte días al Consistorio para que remita el expediente administrativo original o fotocopia, acompañado de un índice de documentos que lo contengan.
Opinión de Asuntos Sociales
Tras conocer la orden de Pozuelo, fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales señalaron que se trataba de un "piso tutelado" y "no de un centro de menores".
En este sentido, apuntaron que "es la entidad" encargada de gestionar las instalaciones "la que tiene que tener todos los papeles" y que "los técnicos" de la Comunidad "han constatado" que la vivienda cumple con las condiciones para ser vivienda tutelada que acoge a menores".
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