El Gobierno de Macron se enfrenta con pies de plomo al malestar del campo

Es la primera crisis social de calado para el Gobierno de Gabriel Attal, de 34 años. El primer ministro más joven en la historia de la Quinta República se enfrenta al malestar de uno de los sectores económicos más pretéritos: la agricultura y la ganadería. Menos de tres semanas después de su designación por el presidente Emmanuel Macron, Attal ve amenazada su etapa en Matignon por la ebullición creciente en el campo francés, siguiendo la estela de protestas parecidas en Alemania, Polonia o Rumania. Su discurso de política general, que pronunciará el próximo martes, ha quedado en un segundo plano ante las movilizaciones de los campesinos.

A diferencia de otros movimientos de contestación —revuelta de los chalecos amarillos, multitudinarias protestas de los sindicatos contra la reforma de las pensiones…—, el Ejecutivo de Macron afronta estas manifestaciones rurales con gran prudencia y poca gallardía. Es consciente de la popularidad de unas protestas respaldadas por el 90% de los franceses, según sondeos recientes. Además, la ultraderecha de Marine Le Pen, que ya partía como clara favorita de cara a las elecciones europeas de junio ante un alicaído macronismo, pretende instrumentalizarlas, aunque defiende un modelo agrícola parecido al actual y que suscita tanto malestar.

La agricultura verde, ¿la gran sacrificada?

Inmerso en una serie de viajes internacionales (India, Suecia y Ucrania en febrero), Macron ha dejado a su nuevo primer ministro que se encargue —al menos de cara al público— de la gestión de esta crisis. Attal hizo el viernes una serie de anuncios desde una granja en el suroeste de Francia para calmar la indignación. Este dirigente precoz, que siempre se ha dedicado a la política y que creció y se educó en el burgués distrito VI de París, dedicó palabras elogiosas “a aquellos que se levantan todas las mañanas para alimentarnos”. 

“La agricultura es como el amor: hacen falta pruebas concretas”, dijo el primer ministro. Como principal concesión, anunció que el Gobierno renuncia a la retirada progresiva de la subvención fiscal del diésel rural, percibida por una parte de los manifestantes como “la gota que colmó el vaso”. En cambio, Attal no propuso ninguna medida que compense los bajos ingresos de buena parte de los agricultores, otro de los factores de peso que alimentan un malestar arraigado y con motivaciones diversas. El porcentaje de campesinos pobres en Francia es del 18%, mientras que en el conjunto de los activos, del 13%. Y la media de lo que ganan mensualmente los productores agrícolas resulta inferior al salario mínimo.

Debido a su voluntad de cerrar el paréntesis keynesiano con el que se respondió al covid-19 y reducir en 12.000 millones de euros el gasto público en los dos próximos años, el Gobierno de Macron ha preferido ver en las protestas campesinas una movilización resultante del malestar contra la transición verde y el exceso de papeleo y normas en el campo. Un diagnóstico en parte cierto, pero parcial. Y que corre el riesgo de sacrificar la transición ecológica de un sector responsable de un 20% de las emisiones de CO2 en Francia.

Anuncios “claramente insuficientes”

“No se trata solo de un movimiento de campesinos que se oponen a la transformación de su modo de producción. Me parece simplista resumirlo de esta forma”, explica a EL PERIÓDICO el economista Maxime Combes, buen conocedor del sector primario. “Sin el problema con el precio de las primeras materias, los campesinos no estarían en la calle”, añade este experto, quien considera que “el Gobierno de Macron tiene una parte importante de responsabilidad” en esta rabia del campo, aunque esta supera las fronteras de Francia. A pesar de que el Ejecutivo centrista impulsó en 2018 y 2021 dos leyes para que los agricultores pudieran vender a un precio justo sus productos, a menudo no se aplican.

Los anuncios de Attal fueron “claramente insuficientes”, denunció la Confédération Paysanne, tercer sindicato agrícola y partidario de una agricultura ecológica. “Lo que se ha dicho no calma la rabia, debemos ir más lejos”, afirmó, por su lado, Arnaud Rousseau, presidente de la FNSEA, primera organización del campo y mucho más partidaria de la agricultura industrial. Tras un viernes en que hubo decenas de miles de campesinos movilizados en cortes de autopistas y acciones directas por todo el país, este fin de semana ha decaído la presencia de agricultores ocupando y cortando carreteras. El sábado hubo barricadas con tractores en 38 de ellas por 113 la víspera, según datos gubernamentales.

No obstante, la FNSEA y los Jóvenes Agrícolas han defendido que, si retiran los bloqueos este fin de semana, es para preparar acciones la semana que viene. Junto con otras organizaciones, han advertido que el lunes a partir de las dos del mediodía intentarán cortar la circulación en las principales autopistas que van hacia París. También preteden alterar el funcionamiento de Rungis, el mayor mercado de mayoristas en Europa. "Vamos a iniciar un asedio de la capital de una duración indeterminada", han asegurado en un comunicado con una fórmula tremendista.

Para evitar las imágenes de antidisturbios golpeando a campesinos —de mal trago para la opinión pública gala y especialmente para los votantes jubilados y conservadores, núcleo duro del electorado de Macron—, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha pedido “gran moderación” a las fuerzas de seguridad. Esta permisividad, sin embargo, puede motivar que la presión se acentúe ahora sobre París. Tras haber obligado a ceder al Ejecutivo en apenas una semana de movilizaciones, los agricultores indignados tienen el viento en popa. Y amenazan con dejar en la cuerda floja a Attal, menos de un mes después de su llegada a Matignon.