Presunta represión

La Audiencia Nacional envía a Guinea Ecuatorial la causa contra el hijo del presidente Obiang

La Fiscalía pide que se dicte una orden de detención contra el hijo de Obiang

La Audiencia Nacional cita para este martes a un hijo de Obiang por presuntas torturas a opositores

Guinea Ecuatorial, el cortijo de Obiang

Fachada de la Audiencia Nacional, a 7 de julio de 2023, en Madrid

Fachada de la Audiencia Nacional, a 7 de julio de 2023, en Madrid / E.Parra / EP

EFE

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a Guinea Ecuatorial el proceso contra Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente del país, Teodoro Obiang, por el presunto secuestro y torturas de cuatro opositores en noviembre de 2019.

En un resolución judicial, Pedraz explica que ha recibido una comisión rogatoria de Guinea en la que se interesa la cesión de la jurisdicción a la Corte Suprema de Justicia al haberse abierto un procedimiento por los mismos hechos y contra las mismas personas que en España, por lo que "no puede poner en duda que se trate de otros hechos o que el procedimiento adolezca de falta de parcialidad". Además del hijo de Obiang, actual secretario de Estado de la Presidencia en Guinea Ecuatorial, están denunciados el director de la Seguridad Presidencial, Isaac Ngema, y el ministro de Estado, Nicolás Obama.

Puerta abierta a retomar el caso

De lo actuado, indica Pedraz, no hay base alguna para concluir, siquiera indiciariamente, que haya hechos cometidos en España ya que, a falta de otras diligencias, solo consta que fueron secuestrados en Sudán del Sur y trasladados a Guinea Ecuatorial. Además, aclara, el hecho de que se diga que los perjudicados --dos de los cuales tenían nacionalidad española y los otros dos residían en España-- fueron previamente investigados, con vigilancias o seguimientos en España, y luego convencidos para que se desplazaran a Sudán solo son meras manifestaciones que no se acreditan. Para el juez, "concurren los requisitos para que no puedan perseguirse los delitos investigados en España y con ello acceder a la cesión de jurisdicción", pero deja la puerta abierta a que si los hechos no se investigan en Guinea pueda hacerlo en España.

Con todo, remarca que "no hay porqué dudar" de la Corte guineana, porque así se comunica oficialmente; "como tampoco que no se siga un proceso con las debidas garantías reconocidos por el Derecho Internacional, pues basta leer la resolución del 3 de julio de 2023 de dicha Corte en el que solicita la cesión, como la legislación guineo ecuatorial, del que no se sigue quiebra alguna".