Los Veintisiete desbloquean el pacto para gestionar las crisis migratorias tras levantar Italia sus reservas

La presidencia semestral española de la Unión Europea daba el pasado jueves prácticamente por hecho el acuerdo político sobre el reglamento de crisis, la última pieza del pacto de asilo e inmigración que les quedaba por pactar, llamada a regular las situaciones de crisis en casos de llegadas masivas. A última hora las dudas de Italia, un país clave para el acuerdo, impidieron certificar la existencia de una mayoría cualificada que los Veintisiete han confirmado definitivamente este miércoles, en vísperas de una cumbre informal de líderes en Granada en la que también se hablará de inmigración. Polonia y Hungría han votado en contra, mientras que Austria, República Checa y Eslovaquia se han abstenido, según fuentes diplomáticas.

"Hemos dado un gran paso adelante en una cuestión crítica para el futuro de la UE. Con el acuerdo de hoy estamos en una mejor posición para alcanzar un acuerdo sobre todo el pacto de asilo y migración con el Parlamento Europeo antes de finales de este semestre", ha celebrado en un comunicado el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, que el pasado jueves ya constató la existencia de una "mayoría incuestionable" después de atraer a Berlín, que a finales de julio pasado se opuso a la propuesta de compromiso española por motivos humanitarios. Tras limar asperezas, el Gobierno alemán daba el pasado jueves su visto bueno pero se resistía el de Italia, debido al papel de las oenegés en el salvamento de inmigrantes, que este miércoles ha levantado su bloqueo.

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"Es una pieza importante del puzzle del Pacto de Asilo e Inmigración. Es importante lograr el acuerdo para garantizar el orden en las fronteras externas de la UE y reducir los flujos", ha añadido también la ministra sueca de inmigración, Maria Malmer. "Lo hemos logrado con pragmatismo, compromiso y unidad", ha destacado la comisaria responsable, Ylva Johannson, calificando de "excelente noticia" el acuerdo político. Como es habitual, Hungría y Polonia, los dos países más críticos con la política migratoria que intenta diseñar la UE han votado en contra. El Gobierno de Viktor Orbán ha criticado a Bruselas por forzar un debate rápido, de solo 13 minutos, antes de votar y proseguir con una "propuesta peligrosa".

"Bruselas ha evitado el proceso de toma de decisiones por consenso requerido a pesar de que esta regulación no detendrá la migración sino que impone la inmigración a los estados miembros. Ha quedado claro que Bruselas busca poder sin control para decidir cuándo, dónde y cuántos inmigrantes distribuir si se produce un aumento repentino en un estado miembro. El gobierno húngaro continúa rechazando sistemáticamente las cuotas obligatorias y los guetos de inmigrantes", ha dicho el portavoz del Gobierno húngaro, Zoltan Kovacs, en un mensaje en una red social.

Negociación con el Parlamento Europeo

La mayoría cualificada a favor del acuerdo lograda este miércoles por los embajadores permitirá evitar que la cumbre informal de este viernes en Granada se vea deslucida por este polémico asunto y al mismo tiempo lanzar las negociaciones interinstitucionales con el Parlamento Europeo con vistas a cerrar el acuerdo antes de finales de año. Precisamente como medida de presión para obligar a los gobiernos a pisar el acelerador la Eurocámara decidió paralizar hace un par de semanas las negociaciones de otros dos reglamentos.

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El reglamento de crisis permitirá a los Estados miembros afectados por situaciones de crisis o de fuerza mayor aplicar las formas con una mayor flexibilidad -y menos protectoras para los demandantes de asilo- en caso de llegadas masivas. Por ejemplo, los países afectados por llegadas masivas podrán prolongar hasta 40 semanas la detención de inmigrantes en las fronteras exteriores, acelerar los procedimientos y simplificarlos en el caso de que procedan de países con tasas de reconocimiento -es decir cuando se acepta la solicitud de asilo- inferior al 75% para acelerar la repatriación de aquellos que no tengan derecho a quedarse.

Solidaridad europea

También podrán solicitar la "solidaridad" de otros Estados miembros cuando sufran llegadas masivas "excepcionales". Al igual que en el acuerdo cerrado en julio no habrá cuotas obligatorias de reubicación, como hubieran preferido los países de primera línea pero una línea roja para Polonia o Hungría, aunque sí una batería de opciones entre las que podrán optar otros socios europeos para aliviar la carga que puedan sufrir los países por los que entran los inmigrantes. Entre las opciones figuran la reubicación de solicitantes de asilo o beneficiarios de protección internacional voluntaria desde el Estado miembro en situación de crisis a los Estados miembros que acepten recibirlos, compensaciones financieras para aquellos que prefieran pagar en vez de acoger y otras medidas alternativas como ayuda en la devolución de inmigrantes irregulares. 

Según el acuerdo, "estas medidas excepcionales y este apoyo solidario" requerirán de la autorización del Consejo de conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad y en pleno respeto de los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países y de los apátridas. La Comisión Europea será la encargada de diseñar y elaborar los planes de apoyo y las posibles excepciones cuando un Estado miembro active la situación de crisis.