Italia inmoviliza el Open Arms y otros dos barcos humanitarios de oenegés alemanas

El Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni inmovilizó este miércoles tres barcos humanitarios de oenegés de salvamento que trabajan en el Mediterráneo central, a las que ha sancionado por llevar a cabo más de un rescate, en dos de los casos, y por atracar en otro puerto al designado, en el otro.

Las autoridades han decretado el bloqueo durante 20 días del Open Arms por realizar varias operaciones de salvamento cuando navegaba hacia el puerto asignado, de Marina de Carrara (noroeste), donde este lunes desembarcaron las 195 personas que había socorrido en los últimos días.

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La misma sanción y por el mismo motivo fue impuesta la noche del martes a la nave alemana Sea-Eye 4, mientras el Aurora, de la oenegé alemana Sea Watch, fue sancionado por atracar en Lampedusa en lugar de el puerto asignado.

Open Arms, a la que también se ha multado con 10.000 euros, lamentó una decisión que se produce después de que en el último mes la entidad catalana haya colaborado activamente en numerosos rescates con la Guardia Costera italiana.

"En el mar, las reglas parecen ya no tener ningún valor, a veces nos piden que tomemos el lugar de la Guardia Costera permitiendo 7 rescates en un solo día, otras nos detienen y nos sancionan", escribió la oenegé en sus redes sociales, horas después de que la cifra oficial de muertos en el Mediterráneo central superase los 2.000.

Después de rescatar a 26 personas, al Open Arms se le asignó el puerto de Carrara, cuando fue alertado de la existencia de dos embarcaciones en peligro, pero una vez alcanzadas las primeras coordenadas, las autoridades les dijeron que ya se habían hecho cargo del caso. "Sin embargo, a nuestra petición de información adicional, como la hora de llegada de los servicios de socorro, no pudieron dar ninguna respuesta", explicó la oenegé en un comunicado.

Rescate de 132 personas

El barco entonces ayudó a 132 personas: "La operación duró aproximadamente 2 horas, durante las cuales no se ha presentado nadie", lo que les "confirmó" que "se trataba de personas abandonadas a la deriva".

"Salvar vidas es un deber moral y legal, detener barcos que puedan ayudar en un contexto de emergencia humanitaria es peligroso e inconstitucional", explicó sobre el decreto adoptado por el Gobierno que preside la ultraderchista Giorgia Meloni para dificultar las labores de las organizaciones humanitarias en el mar.

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El pasado lunes, las autoridades italianas también decretaron el bloqueo durante 20 días de la nave humanitaria Aurora, en su caso por desembarcar 72 inmigrantes en la isla de Lampedusa (sur) desoyendo sus indicaciones porque "no tenían otra alternativa", según la organización. Y el martes se inmovilizó por el mismo periodo el Sea-Eye 4 en Salerno, al que se impuso una multa de 3.300 euros tras salvar a 114 personas en tres operaciones de rescate consecutivas. "Si no lo hubiéramos hecho, la gente habría perdido la vida", dijo Gorden Isler, presidente de Sea-Eye, en un comunicado.

"Los buques humanitarios se encuentran a merced de elecciones arbitrarias y totalmente inconstitucionales, por lo que a veces se les llama a hacer las veces de la Guardia Costera, otras son por el contrario, están sujetos a sanciones y bloqueos administrativos. Un decreto que impide salvar vidas no puede considerarse legítimo", añadió Open Arms.

Muerte en el Mediterráneo

Un total de 2.013 migrantes han muerto hasta el momento tratando de cruzar el Mediterráneo central desde el inicio del año, informó este martes la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), que estima que la cifra real es mucho mayor.

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El Gobierno de Meloni, que llegó al poder en octubre del año pasado prometiendo en campaña entre otras cosas una gestión más dura de la inmigración, afronta su primer verano encarando este fenómeno, agravado por las buenas condiciones del mar y la crisis en Túnez.

Según los últimos datos oficiales, más de 105.000 migrantes han llegado al país desde principios de año, un incremento más de un 115 % respecto al mismo periodo de 2022, impulsados por la crisis de Túnez, de donde huyen miles de subsaharianos, lo que ya llevó al país a declarar en mayo pasado al Ejecutivo el "estado de emergencia migratorio".